Un viacrusis llamado ‘reinserción social’

“Al principio compartía la celda como con ocho personas; era una celda chiquita, como de cuatro por cuatro, donde tienes que dormir como puedas”, recuerda Daniel, sobre el tiempo que estuvo en el Centro de Reinserción Social Estatal (Cereso) Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Han pasado tres años desde que salió en libertad, al demostrarse su inocencia en el crimen de extorsión, del cual se le acusaba.

Sentado en el sillón de su casa, con la mitad del rostro iluminado por la luz que entra por la puerta abierta, Daniel cuenta cómo es la vida dentro de la prisión y cómo sus Derechos Humanos fueron violentados durante los dos años y siete meses que estuvo privado de la libertad por un crimen que no cometió.

“Uno se tiene que acostumbrar a vivir la vida que llevan ahí. Uno se tiene que adaptar, tiene que salir adelante, tiene que ver por sí mismo, por su comida, por muchas cosas”, dice Daniel, mientras su madre, con los brazos cruzados sobre su estómago, lo observa sentada en un banco desde el comedor.

En la vivienda se ven imágenes en movimiento, como las que aparecen en la televisión encendida que está en la sala, e imágenes congeladas, plasmadas en todas las fotografías familiares que adornan el lugar y le dan una sensación de calidez.

“Cuando llegas a nuevos ingresos empiezan a amenazarte con que te van a mandar con una ‘ganga’ o con otra, que te van a matar y esas cosas. Entonces tienes que dar cierta cantidad (de dinero) que te piden ahí. Los mismos custodios son los que te cobran. Mis papás pagaron 7 mil pesos para que me bajaran al patio supuestamente tranquilo”, el módulo 2, con ‘Los Cristianos’.

Daniel confiesa que, a pesar de estar en el área “segura”, no pudo sentirse tranquilo desde el momento en que fue detenido de forma ilegal y con uso de violencia, ni durante el tiempo que pasó recluido. Lo único que lo hacía sentir un poco mejor, dice, era el tener un trabajo, aunque nunca haya recibido el pago que le correspondía.

“Yo trabajaba en mantenimiento. Supuestamente hay nómina, pero el dinero nunca llega a los trabajadores. Era un privilegio que tenía uno como interno. El estar trabajando ahí”, explica el joven de 23 años.

Al no recibir un sueldo por el trabajo que realizan, los familiares de los internos deben darles dinero constantemente, para que compren comida u otros productos.

“Prefieren ellos (las autoridades del Cereso) que los familiares introduzcan dinero para el interno, y que el interno se los regale a ellos. Que el interno pague por su comida, por estar bien”, relata Daniel.

Después de dos años y siete meses, a Daniel se le dictaminó sentencia absolutoria, debido a la falta de pruebas. La salida del centro, no fue fácil, “porque no vas saliendo de cualquier lugar. La gente sabe y te empieza a discriminar, empieza a hablar. No es fácil adaptarse otra vez a la misma vida”.

Al momento de su detención, Daniel tenía 18 años. Actualmente trabaja en la industria maquiladora. Dice que solamente desea volver a reconstruir su vida, pues está seguro que de nada sirve si se pone triste o a llorar, si de cualquier manera no podrá recuperar esos casi tres años de su vida.

Hacinamiento, insalubridad y pago de cuotas, principales anomalías: derechohumanistas

El hacinamiento dentro de los centros penitenciarios de Chihuahua violenta varios derechos de los reclusos, explicó el visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Adolfo Castro Jiménez.

De acuerdo con el visitador, entre los derechos que se violentan está el de la salud, ya que los internos son más propensos a enfermarse si hay una epidemia. Además, al vivir en hacinamiento los reclusos no tienen un espacio digno para dormir, hacer sus necesidades fisiológicas y demás actividades que les corresponden por derecho. Su integridad física también puede estar en riesgo, pues la posibilidad de que sucedan riñas o motines, aumenta.

“Debe tener cierta población, porque es un convivio de personas que están ahí por un buen tiempo, la mayoría. Entonces debe de ampliarse (el centro), reacomodarse”, dijo el Visitador de la CEDH.

La CEDH hace visitas periódicamente a los Ceresos para revisar las condiciones en las que se encuentran los internos, y en estos recorridos han constatado que el derecho más violentado es el de la salud, seguido de la protección física de los internos.

“(El derecho más vulnerado es) la salud, en lo que respecta a la administración de alimentos y de medicinas adecuadas. Nosotros tenemos aquí un médico que va al Cereso a revisarlos, si los internos lo piden”, dijo Castro.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), una asociación civil que trabaja con víctimas de tortura y desaparición forzada, ha detectado que son más graves las violaciones en las que se incurre diariamente dentro de los centros de reinserción social.

“Yo creo que si se hiciera un buen análisis, un buen diagnóstico, encontraríamos muchos aspectos en que se violenta los derechos fundamentales, tanto derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad, a la salud. Hay muchos aspectos que hay que revisar desde una perspectiva de derechos humanos en el funcionamiento de los penales”, indicó el padre Óscar Enríquez, director del CDHPN.

Orillar a los reclusos a pagar por sus alimentos, también es una forma de no hacer valer sus derechos humanos, comentó el padre Enríquez. “Hay quejas de los familiares, que a veces no los dejan ingresar alimentos, los obligan a comprarlos dentro. Eso habla de que hay comercio interno, hay intereses de por medio”, agregó.

Otra de las quejas constantes que reciben en el CDHPN, es sobre los castigos desproporcionados que dan a los internos y que se pueden considerar como tortura. En el centro, han atendido casos de tortura dentro centros penitenciarios estatales y federales.

El padre Enríquez explicó que, a pesar de los diagnósticos, los programas de mejoramientos y demás acciones para hacer de los centros penitenciarios lugares dignos que permitan la reinserción social de los internos, las violaciones a los derechos permanecen debido a “una corrupción que es como un cáncer interno, adentro de las instituciones y adentro de las autoridades”.

“Yo creo que es la falta de honestidad ante la ley. Si aplicaran las leyes como están, sería otro caso. Ves que viene una administración, viene otra, a niveles de gobernatura y a niveles municipales, y te das cuenta de que hay grupos subordinados a otros grupos y se va generando una situación de corrupción”, opinó Enríquez.

Denuncian violaciones a derechos humanos en penales de Chihuahua; Cereso Federal de Ciudad Juárez, el peor del país

El viernes 9 de junio, custodios de Cereso número tres de Ciudad Juárez, Chihuahua, detuvieron labores en protesta por la suspensión de 12 celadores, luego de que un detenido llegara ebrio a una audiencia judicial, tras presuntamente haber ingerido ‘tepache’.

Los custodios denunciaron que al interior del penal se realizan diversas actividades criminales solapadas por los directivos del mismo, entre las que se encuentran la venta drogas, de bebidas embriagantes y la prostitución de mujeres del Cereso Femenil número 2.

De acuerdo con una investigación de El Diario de Juárez, los custodios, quienes prefirieron mantener el anonimato, acusaron al Director General de los Ceresos, Francisco Soto Silva, y a tres mandos sin nombramiento oficial de encargarse de recolectar las ‘cuotas’.

También denunciaron que, presuntamente, a los centros penitenciarios llegan camiones cargados con la mercancía ilegal y se venden permisos para realizar fiestas dentro de las celdas o en el área que ocupa una maquiladora. Todo el dinero recaudado, es para los comandantes, el subcomandante, el director y el fiscal, aseguran en la nota periodística.

En Chihuahua hay nueve centros penitenciarios estatales que recluyen a 8 mil 287 internos, de los cuáles 7 mil 895 son hombres y 392 mujeres, según datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de Julio de 2016, realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

El documento indica que el centro penitenciario federal ubicado en Ciudad Juárez, el Cefereso Número 9, donde estuvo recluido Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán antes de ser deportado, tiene una capacidad para mil 148 personas y cuenta con 845 internos.

Los nueve centros, en total, tienen capacidad para recibir a 7 mil 616 internos. Sin embargo, este número se excede por 671 personas, lo que demuestra una sobrepoblación en los Ceresos del Estado de Chihuahua.

Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Cefereso 9 fue el peor centro penitenciario en el 2016 al recibir una calificación de 6.17, en tanto que el Cereso 3, también ubicado en la ciudad fronteriza, obtuvo una de las calificaciones más bajas en Chihuahua con 7.39.

Lo anterior, debido a que se detectaron anomalías en lo que respecta a la prevención de violaciones a derechos humanos y la atención a los casos existentes; las condiciones de gobernabilidad; la atención a personas con VIH/SIDA que se encuentren internas; y los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Para obtener la versión oficial sobre las actividades ilícitas que se realizan en el Centro de reinserción número tres, y contar con los datos actualizados de la población interna en los Ceresos de Chihuahua, se buscó la entrevista con el director de este centro penitenciario, Alejandro Alvarado Tellez, y con la vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidad Judiciales, Alejandrina Saucedo Hernández, pero no respondieron a la solicitud.