Ciudad Juárez, Chihuahua.— Ayer se llevó a cabo una sesión conjunta de las comisiones de Mujer y Equidad de Género, Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y de Seguridad Pública, en la que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Dirección de Derechos Humanos del Municipio rindieron un informe sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre en la Zona Centro, donde 27 mujeres fueron detenidas durante una manifestación feminista pacífica. Aunque el orden del día de la sesión establecía que Seguridad Pública debía proporcionar un informe ante los regidores, el coordinador general de Policía de la SSPM, Luis Aguirre, relató lo mismo que se publicó el 6 de septiembre en un boletín de la misma dependencia, donde se aseguraba que las detenciones “fueron apegadas a derechos y respetando las garantías individuales”. Ante ello, la regidora y vocal de la Comisión de Seguridad Pública, Amparo Beltran Ceballos comentó que “es más o menos lo que sabíamos por el boletín que se dio a conocer el domingo por la mañana”. Por otro lado, cuestionó al coordinador de Policía sobre el trato que recibieron durante su arresto cuatro mujeres menores de 18 años y el procedimiento que se aplicó con ellas. Aguirre aseguró que se canalizaron a la oficina de Trabajo Social de la SSPM, se les entrevistó, se les realizó una valoración médica y finalmente sus padres fueron notificados de la situación. El coordinador de Policía indicó que las adolescentes de entre 16 y 17 años que fueron detenidas no pagaron la multa de mil 128.40 pesos por cometer la falta administrativa, sin embargo, sus padres sí tuvieron que pagarla con el propósito de que “se responsabilicen de sus hijos”. El director de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, Rogelio Pinal Castellanos, también presentó su informe en el que aseguró que desde la dependencia a su cargo no habían identificado ninguna observación durante el tiempo que las manifestantes habían sido detenidas en la Estación Universidad.
“El día 5 a eso de las 8:30 de la noche se comunica conmigo el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aquí en la ciudad, el licenciado César Orozco, quien me manifiesta que tiene una llamada de la Ciudad de México a la CNDH y de la Secretaría de Gobernación en donde le están comunicando que en Ciudad Juárez hay unas personas detenidas y las cuales se encontraban en total incomunicación”, dijo.
La regidora Beltrán Ceballos cuestionó al director de Derechos Humanos si las tres partes presentes en las instalaciones de la Policía Municipal —la Dirección de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la CNDH— calificaron la detención como “impecable” y sin ninguna observación. “La detención a mí no me consta, yo lo que estuve, como les repito, fue aquí en barandilla… No hubo observaciones, lo que comentaban al momento de que les otorgaban el uso de la palabra a cada una de las personas detenidas, ellas manifestaron lo que a su derecho conviniera y algunas manifestaron que habían sido golpeadas por parte de los agentes”, respondió Pinal Castellanos. Además, negó que se impidiera el acceso a la estación a las y los abogados que voluntariamente acudieron a apoyar a las víctimas, pues indicó que “ninguna de las personas detenidas dijo ‘yo tengo a mi abogado aquí afuera y quiero que me represente en esta audiencia’”. No obstante, el mismo director anteriormente había comentado que las 27 mujeres detenidas se encontraban “incomunicadas”, por lo que ellas desconocían que al exterior de la estación policial estaban las y los abogados dispuestos a representarlas y que, además, ocurría una manifestación para exigir su pronta liberación. Por otro lado, la regidora y secretaria de la Comisión de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, Laura Yanely Rodríguez Mireles, solicitó se integren las carpetas correspondientes para que se le dé seguimiento a los daños causados en el patrimonio municipal.
“He sido respetuosa de la diversidad de opiniones, pero quisiera expresar que en mi punto de vista no justifica ninguna manifestación la comisión de un delito, que se reflejen esas acciones en daños en perjuicio de nuestro patrimonio… nos cuesta mucho trabajo ver obras bonitas, calles limpias, los monumentos embellecidos… y me cuesta entender que se justifique con una manifestación una expresión, un reclamo social, la comisión de este tipo de delitos”, dijo.
De acuerdo con Rodríguez Mireles, su postura es a favor de la libre manifestación, pero las personas que cometan faltas administrativas o delitos, como lo es el daño al patrimonio municipal, deben obtener una sanción no solamente económica “para que se pueda lograr esa reflexión en esas personas que cometen esos actos”.
“Porque pudiera ser que el pagar una multa de poco más de mil pesos no logre el efecto que debería lograr la sanción en la conducta de las personas”, finalizó.
Al término de la comisión se aprobaron por unanimidad de votos dos puntos: el primero, propuesto por la regidora Beltrán Ceballos, consistente en solicitar un informe a la CEDH sobre las observaciones que se hicieron ese día. Y el segundo, fue relativo a la revisión del nuevo Reglamento de Justicia Cívica, específicamente en los temas de manifestaciones pacíficas, violentas y con perspectiva de género, tarea que será realizada en una próxima sesión conjunta con las mismas comisiones edilicias.
