Ciudad Juárez, Chihuahua.— El juez Arturo Alberto González Ferreiro, del Segundo Distrito de Chihuahua, resolvió una suspensión a favor de la población migrante y sujeta de protección internacional en la que se ordena al presidente de México, al Consejo de Salubridad General, al Instituto Nacional de Migración, entre otros, a que dicten medidas y emitan protocolos que beneficien los derechos de las personas migrantes. El juicio de amparo fue promovido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Derechos Humanos Integrales en Acción y el Instituto para las Mujeres en la Migración y fueron demandados el Consejo de Salubridad General, el presidente de México, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud de Baja California, en su calidad de vocal del Consejo de Salubridad General de México y representante de la región noroeste. Aunque el gobernador de Chihuahua no fue demandado en el juicio, el juez consideró necesario requerirle información. A través de un comunicado las organizaciones demandantes explicaron que el juez establece tres medidas cautelares centrales:
- 1. Al presidente de México, destinar recursos federales para la atención y protección de las personas migrantes ante la crisis sanitaria por coronavirus.
- 2. Al Consejo de Salubridad General y otras autoridades, emitir protocolos para la internación de personas expulsadas desde Estados Unidos y dictar medidas generales en beneficio de la población migrante a fin de contener el contagio del COVID19 en Chihuahua
- 3. Al Consejo Estatal de Población en Chihuahua y al gobernador de ese estado, a identificar a las personas con necesidades de protección internacional que se encuentran en esa demarcación con el fin de contar con datos desagregados por nacionalidad, edad y sexo.
“El gobierno de México tiene que darse cuenta que al acceder a las expulsiones que está haciendo Estados Unidos, viola los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que recibe de ese país, y es su responsabilidad brindarles protección en México, acceso a un debido proceso y a la salud, así como una estancia por razones humanitarias en el marco de la crisis sanitaria por COVID19 que enfrentamos”, establecen las organizaciones demandantes.
“Ninguna medida para combatir el coronavirus en México será efectiva si no se toma en cuenta a toda la población, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y sujetas de protección internacional”, finalizan los demandantes.
