Ciudad Juárez, Chihuahua.— El pasado sábado integrantes de los colectivos Frente Ecosocial Paso del Norte y Academia por Samalayuca, así como pobladores que se oponen a la mina, se reunieron con la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, para denunciar las posible afectaciones que ocasionaría el proyecto en la región. La bióloga e integrante del Frente Ecosocial Paso del Norte, Yizni Granados Corral, acudió a la reunión celebrada en la Secretaría de Economía local, en donde Márquez Colín anunció que el objetivo de la junta era elaborar un informe con las participaciones de los asistentes. La funcionaría comentó que de la misma forma haría un informe con las versiones de todos los grupos involucrados, como las dependencias públicas que otorgaron los permisos a la empresa minera y con las opiniones de las personas que promueven el proyecto. De acuerdo con Granados Corral, la secretaria de Economía se comprometió a hacer un documento final que integrará todas las partes para llevarlo a las dependencias federales correspondientes, y que así cada una trabaje con los asuntos que le incumben.
“Dentro de la plática que se mantuvo, se levantaron 18 peticiones por parte de nosotros, entre ellas se encontraba la cancelación total de los permisos otorgados a la empresa minera; que se decrete área libre de minería la sierra de Samalayuca; que se haga la declaratoria de sitio arqueológico por parte del INAH; que se hagan proyectos para el recargamiento de los mantos acuíferos, tanto de Samalayuca como Mesilla y el Bolsón del Hueco, y que se vuelva a decretar como área natural protegida el polígono del Ojo de la Casa que se sacó”, mencionó Granados Corral.
Además, se le entregaron documentos técnicos y científicos realizados por académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Frente Ecosocial Paso del Norte; entre ellos, uno sobre la Mesa Técnica sobre la Mina en Samalayuca, informes sobre la situación del agua en la zona, salud, patrimonio arqueológico y la estructura de una petición administrativa dirigida a la Semanart para volver a declarar área natural protegida el sitio. No obstante, Márquez Colín no les dio una fecha exacta de respuesta a las y los activistas que se oponen a ‘La Gloria’, como se denomina el proyecto minero impulsado por las empresas Samalayuca Cobre S. A. de C. V. y VCC Exploration. Por otra parte, la bióloga y activista ambiental denunció que existen ciertos privilegios de parte de las autoridades hacia el grupo promovente de la mina, lo cual ha inquietado a los pobladores de Samalayuca.
“A nosotros sí nos hicieron ir allá a la Secretaría de Economía a reunirnos con ella (Márquez Colín) y por qué con los que están a favor de la mina, la secretaria de Economía y el subsecretario de Minería sí fueron hasta Samalayuca a hablar con ellos (los promoventes), y dejaron entrar a toda su gente cuando con nosotros nada más nos dejaron entrar cinco personas y todos los demás ejidatarios y pobladores que venían con nosotros se quedaron en la sala de espera”, puntualizó.
Desde su perspectiva, se requiere más que una declaración del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien el viernes pasado visitó esta frontera y al ser cuestionado sobre la instalación de la mina negó que esté autorizada.
“A veces las concesiones mineras se pactan en mercados internacionales y el hecho de cancelar una concesión minera es entrometerse con el mercado capitalista. Es una cuestión más allá de que diga el Presidente si se pone o no. Creo que es una buena noticia, una buena señal y un gran paso el hecho de que esta noticia haya llegado al Presidente de la República, sin embargo, la vía jurídica, la acción mediática y pública de la gente opositora que se encuentra en resistencia es lo que va a lograr sacar estos proyectos que desplazan y son de muerte”, enfatizó.
A la reunión también acudieron María Eugenia Rivadeneyra, economista y avecindada del Ojo de la Casa; Teresa Vazquez, académica de la UACJ y miembro de Academia por Samalayuca; los abogados que apoyan al grupo opositor a la mina, Raquel Santa María y Manuel José Miranda; Francisco Quiroga, subsecretario de Minería; Carlos Calleros, representante de la Secretaría de Gobernación en Ciudad Juárez y dos colaboradores de la Subsecretaria de Minería.
