A pesar de que los amparos fueron admitidos, hasta el momento no se ha resuelto si la justicia federal concederá la suspensión provisional de la acción penal contra los funcionarios
Tanto el ex-gobernador del estado, César Duarte Jáquez, como el ex-secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, promovieron recursos de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito, en contra de la resolución del juez Eduardo Alexis Ornelas sobre la reapertura de las carpetas en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
Ambos ex-funcionarios tramitaron los recursos de amparo durante la primera semana de este año; no obstante, fueron rechazados por el juez Juan Antonio Trejo Espinoza tan solo un día después.
Durante los días 16 y 17 de este mes, Duarte Jáquez y Herrera Corral impugnaron la resolución inicial del juez Trejo Espinoza, y el día 19 el recurso de amparo fue aceptado por el Juzgado, sin que hasta el momento se haya resuelto por la justicia federal si se concederá la protección provisional a los ex-funcionarios.
El pasado 14 de diciembre de 2016, durante audiencia de Control de No Ejercicio de la Acción Penal, el juez Ornelas Pérez determinó reabrir las carpetas de investigación en contra del ex-gobernador y el ex-secretario de Hacienda, por su presunta responsabilidad en los hechos señalados por el particular Joaquín Medina Rosales, en representación de la asociación denominada ‘Congreso Nacional Ciudadano’.
La denuncia fue interpuesta en mayo del año pasado con la intención de indagar las presuntas acciones delictivas de los ex-funcionarios en torno a los depósitos efectuados al Banco Unión Progreso, que incluyen un fideicomiso de 65 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, durante la administración de Duarte Jáquez.
De acuerdo con el juez que determinó reabrir la carpeta de investigación, el Ministerio Público actuó coaccionado y con parcialidad al determinar la no acción penal contra Duarte y Herrera, por influencia de Sergio Almaraz Ortiz, otrora fiscal de la Zona Centro y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Juárez.
Según el juez Alexis Ornelas, la investigación fue deficiente, pues no se indagó en las actividades empresariales de los ex-funcionarios ni en los depósitos realizados a Unión Progreso, y únicamente se contempló la información aportada por los imputados para justificar el enriquecimiento al que se alude en la demanda.
