La empresa Magno Ingeniería en Alimentos, propiedad de la regidora suplente Marcela Moreno Urbina, ha recibido contratos por más de 40 millones de pesos en los últimos dos años
Por Favia Lucero y Marco Antonio López / YoCiudadano
Ciudad Juárez, Chihuahua.— Entre octubre del año pasado y abril del actual, el Gobierno Municipal de Juárez otorgó dos contratos por un total de 44.4 millones de pesos a la empresa Magno Ingeniería en Alimentos, propiedad de Marcela Moreno Urbina, suplente de la regidora Luz Elena Esquivel Sáenz (PES) en el Ayuntamiento de Juárez.
De acuerdo con el Sistema de Gestión Registral (Siger) de la Secretaría de Economía, Magno Ingeniería en Alimentos, fundada en octubre de 2014, pertenece a Moreno Urbina —quien también figuró en la planilla de regidores propuesta por el PES en la elección de 2016— y a Gustavo Rigoberto Espinoza Ordaz. Espinoza Ordaz, por su parte, fue sentenciado en octubre de 2016 a cinco años y siete meses de prisión por el delito de violación en contra de una menor de edad, en hechos ocurridos en 2014.
El propietario de Magno Ingeniería en Alimentos admitió las acusaciones en su contra durante un juicio abreviado, en el que se consideró agravante el quebrantamiento de “la fe que nace de la relación que inspira confianza y respeto“, debido a que la menor agredida era su hijastra.
Magno ya había obtenido otros dos contratos durante la primera administración de Armando Cabada Alvídrez —antes de que Marcela Moreno fuera regidora suplente— por 24.9 y 12.2 millones de pesos.
En total, desde que Armando Cabada es presidente Municipal, la empresa ha obtenido un total de cuatro contratos por una suma de 83 millones 600 mil pesos para proveer de alimentos al programa ‘Armando Niños Sanos’ de la Dirección de Centros Comunitarios.
En los dos últimos años, Magno ganó las licitaciones para proveer a ‘Armando Niños Sanos’ siendo la única concursante.
En la licitación del 30 de octubre de 2018, su única competidora, Eco Insumos Industriales, fue descalificada por no presentar la documentación técnica completa, pues el representante de la empresa no anexó el currículum necesario para concursar.
En la del mes de febrero de este año, solo Magno entregó sus propuestas técnica y financiera al Comité de Adquisiciones, a pesar de que las empresas Ochoa Comercial, Soluciones Empresariales Danoju, Eco Insumos Industriales y Centro Familiar Ayuda Asociación Civil también cubrieron el costo de la participación.
Para el Oficial Mayor de de Juárez, Víctor Ortega Aguilar —quien preside el Comité de Adquisiciones—, el que una regidora suplente tenga contratos millonarios con el Municipio no representa un conflicto de interés, debido a que Moreno Urbina no desempeña ningún cargo público hasta el momento.
“Ella no es empleada municipal, ni tampoco participa en el proceso de la licitación; espero que no sea trabajadora tampoco de Centros Comunitarios. Por esa razón no tiene ningún tipo de conflicto de interés, si ella fuera parte de Centros Comunitarios a nivel directivo o fuera parte del Comité de Adquisiciones y participara dentro del proceso de licitación, habría conflicto de interés definitivamente”, explicó.
A la vez, hizo hincapié en que desconocía dicha información y que investigará la situación para corroborar que no existan irregularidades que le obliguen a actuar conforme lo marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
Además aseguró desconocer que Gustavo Rigoberto Espinoza Ordaz se encontrara en prisión por el delito de violación. Al respecto, comentó que tampoco existe conflicto que pueda ser denunciado.
“La Ley de Adquisiciones no prevé ningún tipo de sanción o no prevé que una persona que es parte de la sociedad de una empresa pueda participar en una licitación, no lo prevé así. Solamente cuando una empresa ha sido boletinada por incumplimiento o por haber caído en algunos de los supuestos de la ley donde estás atentando contra el erario público, es donde las empresas no pueden participar”, agregó.
Por otro lado, recordó que las empresas que participan en las licitaciones o en los procesos de adquisición del Municipio entregan sus documentos bajo protesta de decir verdad, es decir, que el Comité de Adquisiciones, encargado de revisar la documentación presentada, confía en que las empresas están actuando de buena fe.
“Para nosotros como servidores públicos es muy complicado hacer este trabajo de investigación, imagínense con todas las empresas que prestan servicios o venden productos a un municipio… sin embargo, ya quien participa tiene que firmar bajo protesta de decir verdad”, dijo Ortega Aguilar.
Por su parte, la regidora Luz Elena Esquivel Sáenz aseguró que desconocía que su suplente tenía contratos millonarios con el Municipio y reafirmó que Moreno Urbina no tiene relación con su proyecto como regidora.
“La verdad no tenía conocimiento. Sé que tienen algo de unas malteadas que están contra la desnutrición, pero yo tenía desconocimiento de que fuera con el Municipio. Son totalmente independientes de nosotros, ella no trabaja aquí, no labora aquí y pues no sé si haya algún problema porque no tiene ninguna relación”, declaró.
Desde su perspectiva, el hecho de que la empresa de su regidora suplente reciba dinero público para llevar a cabo un programa social, no tendría que causar algún problema legal, puesto que Moreno Urbina actualmente se desempeña como empresaria y no como funcionaria.
“Ella cuenta con su empresa. Lógicamente, tú como empresario tienes que buscar el bienestar de tu empresa, entonces buscas los contratos convenientes”, afirmó.
Sin embargo, para Pablo Montes, coordinador anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el conflicto de interés es claro puesto que una persona desde una posición de poder y privilegio es beneficiada por la administración pública municipal.
“Una regidora suplente está ganando contratos. Entonces, uno se pregunta ¿con qué información contaba está empresa que compitió sola?, ¿Por qué no se hizo evidente eso? y, ¿por qué en un proceso abierto sólo una empresa termina participando? Las dudas son muy fuertes”, dijo el especialista.
Para el especialista, era necesario que la regidora suplente hiciera público este conflicto, pero como no lo hizo, todo el proceso se vio viciado, mencionó.
En el mismo sentido, Alejandro González Arreola, presidente del consejo de la asociación Gestión Social y Cooperación (Gesoc), especializado en temas de corrupción, aseguró que la regidora suplente debió haber hecho pública su intención y situación.
“Ella debió haber hecho una declaración de potencial conflicto de interés, sobre todo si tenía contratos previos”, dijo González Arreola.
Para González el conflicto de interés no necesariamente constituye un acto de ilegalidad al encontrarse en una esfera ética, sin embargo, dijo que es obligación de la Contraloría investigar el caso y aplicar las sanciones correspondientes si es el caso.
“Si ella era socia de la empresa debió haberlo hecho público. Es un problema de ética pero que puede, dependiendo de la valoración del contralor, desplegarse en una responsabilidad pública”, dijo.
Empresa incumple con conformación de comités y seguimiento de beneficiarios
El programa, que actualmente se llama ‘Programa contra la Desnutrición y la Obesidad’, inició en 2017 con la intención de mejorar la salud alimenticia de la ciudadanía. Este tiene como objetivo “el suministro de producto a base de cereales, fortificada con vitaminas y minerales, para la población que lo necesite. Asimismo la impartición de talleres sobre temas de nutrición y psicología que coadyuven a la buena salud de los beneficiarios”.
El esquema presupuestal de los contratos otorgados a Magno Ingeniería en Alimentos indica que se debieron conformar 47 Comités Vecinales, con la ayuda de la Dirección de Centros Comunitarios, para supervisar el proyecto.
En respuesta a la solicitud de información con folio 095982019, la Dirección indicó que, por cada vez que se ha lanzado el programa, se han conformado 46 comités en lugar de los 47.
Desde el 2016 se conformó el primer grupo de 46 comités vecinales que estaban integrados por una “presidenta, secretaria, tesorero, vocal A, vocal B y vocal C”.
Durante el 2017, solamente se conformaron seis comités en los centros comunitarios de las colonias Santiago Troncoso, Terrenos Nacionales, Manuel Valdez, Riveras del Bravo, Olivia Espinoza y el de la Frida Kahlo.
Además, en el de la colonia Héroes de la Revolución no se conformaron los comités debido a que el centro comunitario “no tiene ingresos”, mientras que en el de Tierra Nueva fue porque “no tiene luz”. Aún con estas justificaciones, faltaron 41 comités vecinales por conformarse.
La Dirección de Centros Comunitarios indicó que durante las tres primeras campañas del programa se impartieron 76 talleres y, hasta el momento, en la cuarta y actual campaña, 156.
Los temas impartidos en los talleres “han sido de diferentes áreas como de Nutrición (el plato del buen comer, los mitos de la alimentación, vitaminas y minerales, enfermedades en los niños, lonchera saludable, dietas milagrosas, entre otros); de Psicología (violencia, autoestima, abuso sexual, depresión, manejo de estrés, entre ortos); de Trabajo Social (prevención de acoso escolar, igualdad y equidad de género, educación sexual, habilidades para la vida, entre otros) y Activación física (para niños, adultos y adultos mayores)”.
De acuerdo con el cuarto Informe de Actividades de la Sindicatura Municipal, tras una auditoría realizada al programa, se detectaron pagos por el mismo concepto pero con diferente cantidad, además de que la dirección no comprobó contar con indicadores para evaluar si se cumplió o no con el objetivo.
La Sindicatura detectó pagos a especialistas por 2 mil 359 y mil 950 pesos, así como a promotores por mil 523 y mil 123 pesos. Asimismo, no se encontraron indicadores sobre la cantidad de porciones necesarias “para asegurar el aprovechamiento nutrimental óptimo del beneficiario”, ni el diagnostico médico-nutrimental de cada beneficiario.
En el primer contrato celebrado con Magno Ingeniería en Alimentos, DCA/DGCC/160/2017, cuyo montó fue de 24 millones 932 mil 68 pesos, se estableció que la empresa se encargaría de prestar el servicio integral de “asesoría, acompañamiento, orientación y suministro de fórmula alimenticia para la infancia y la adolescencia, para el programa de prevención social de la violencia contra la desnutrición y obesidad, denominado ‘Armando Niños Sanos'”.
Para ello, debían de hacer una campaña de promoción y difusión del programa, otra de prevención a través de talleres y pláticas, así como brindar 700 mil porciones de 40 gramos cada una y la misma cantidad de servicios de preparación de alimentación nutricional, constituir 47 comités vecinales y hacer 2 reportes de evaluación médica del antes y el después de la ingesta del suplemento que cada beneficiario consumió.
Durante las veces que se ha implementado el programa se han entregado 284 lonas y en las primeras tres etapas, se distribuyeron 13 mil 370 volantes; para la cuarta ocasión se tiene previsto entregar 10 mil volantes.
A través de las páginas oficiales de Facebook del Municipio, del Canal 44 y de Radio Cañón se difundió información del programa, respondió el Gobierno Municipal en la solicitud de información.
A pesar que en los cuatro contratos celebrados con esta empresa se establece que deberán contar con “evidencia fotográfica del antes y después de las estrategias integrales”, las imágenes que envió la Dirección de Centros Comunitarios como respuesta a la solicitud de información realizada por este medio solamente muestran a grupos de niñas y niños recibiendo el suplemento.
Ante el cuestionamiento sobre las evidencias fotográficas del antes y después de los beneficiarios del programa, el director de Centros Comunitarios, René Carrasco Gómez, declaró que “solo son fotografías de que se está proporcionando el servicio”.
“Hay registros semanales y mensuales y están debidamente certificados por los nutriólogos. Hay evidencias fotográficas de las acciones, documentos, diagnósticos, resúmenes ejecutivos y por último, constancias de de participación de los beneficiarios”, añadió.
