La abogada del CDHPN expuso el contexto en Chihuahua sobre violaciones a los derechos humanos, y las dificultades que atraviesan las víctimas al denunciar sus casos
Ayer, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) participó en el foro ”La Impunidad Interminable: La Tortura en Jalisco”, organizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), en la ciudad de Guadalajara.
La abogada del CDHPN participó en la mesa relativa al papel de las Comisiones Públicas en la investigación de la tortura, junto a Ana Karla González Lobo, investigadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, y Carlos Peralta Varela, del Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz de ITESO.
La abogada del CDHPN presentó el contexto del estado de Chihuahua en cuanto a actos de tortura a partir del 2010, cuando el ex-gobernador César Duarte Jáquez realizó una serie de modificaciones al Código Penal de la entidad, para establecer la pena de cadena perpetua en la comisión de los delitos de extorsión, secuestro y homicidios en modalidades específicas.
La derechohumanista señaló que estas modificaciones dieron paso a un aumento significativo en el número de violaciones de los derechos humanos, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, así como la ausencia de un pronunciamiento sólido de parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Asimismo, expuso que los principales obstáculos para obtener recomendaciones de parte de la CEDH en Chihuahua son la tardanza del proceso, la excesiva burocracia que conllevan, la falta de voluntad de parte de sus integrantes, falta de compromiso con los derechos humanos, la falta de preparación del personal, su cercanía con instancias oficiales que deriva en intereses de tinte político, la falta de asesoría a las víctimas y la inexistencia de mecanismos que supervisen el cumplimiento de las recomendaciones.
Además, la abogada señaló que la CEDH no suele emitir medida cautelares, por lo que somete a las víctimas a procesos revictimizantes y poco eficientes para resolver sus casos.
La exposición de la abogada se sustentó en la experiencia del CDHPN, que desde 2011 documenta, atiende y acompaña casos de violaciones a los derechos humanos en lo relativo a tortura y desaparición forzada.
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