Ciudad Juárez, Chihuahua.- El Centro Mexicano para la Filantropía, A. C., el Grupo Unidos por los Derechos de las OSC (UNIDOSC), Estándares Pro Bono y el Grupo Fiscal de OSC, realizaron una rueda de prensa virtual en la que informaron sobre los impactos negativos que traerían las modificaciones a la Ley de Impuestos sobre la Renta en las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Hatziri Recillas, del Grupo Fiscal de OSC, explicó que esta iniciativa de reforma tiene varios objetivos que afectarían la sustentabilidad y campo de acción de las OSC del país. Por ejemplo, una de las modificaciones busca “sobreregular nocivamente al sector” ya que se incrementarían las restricciones a las operaciones de las organizaciones.
Además, pretende restringir los ingresos de las donatarias autorizadas, específicamente los ingresos autogenerados, por lo que las donatarias autorizadas tendrían que verse en la situación de cerrar proyectos en las comunidades vulnerables del país.
La representante del Grupo Fiscal de OSC añadió que la iniciativa también busca castigar a las donatarias por errores de terceros, algo que calificó como “grave y con matices de inconstitucionalidad”; la consecuencia sería obligar a las OSC al cierre y a la transmisión de su patrimonio.
Esta iniciativa se da un contexto de contingencia sanitaria, en el que se han evidenciado aún más las problemáticas que aquejan al país y en donde las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel importante para atender las problemáticas que no procura el gobierno.
Por todo lo anterior, los organizadores exigieron que se respeten sus derechos y se posicionaron en contra de esta iniciativa que “amenaza la sustentabilidad de nuestras causas”.
Recillas puntualizó que las OSC siempre estarán a favor de la rendición de cuentas y de la transparencia pues parte de su trabajo también es cumplir con informes de transparencia y agregó que son sujetos obligados de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
“Las organizaciones de la sociedad civil organizada somos entidades sin fines de lucro, el dinero que utilizamos es destinado 100 por ciento a acciones, proyectos, programas relacionados a nuestras causas”, dijo.
El sector de las OSC contribuye con casi el tres por ciento del PIB, genera alrededor de 1.4 millones de empleos formales y mueve el trabajo voluntario de casi dos millones de personas.
A pesar de todo esto, Mariana Molinar, de UNIDOS, recalcó que las OSC enfrentan una situación estructural de bajos ingresos para realizar su trabajo, el cual, debido al contexto actual es sumamente necesario.
Las condiciones para las organizaciones son adversas y la carencia de políticas públicas a su favor, las perjudica con falta de recursos federales —eliminados en enero de 2019—, una escasa cultura de donativos individuales y bajos niveles de apoyos filantrópicos, por ejemplo.
“Con esta reforma, pierde México, perdemos todos. Al tener que pagar nuevos impuestos… tendrán que redireccionar una importante parte de sus recursos que actualmente se destinan para beneficio de la comunidad, para pagarle al SAT”, explicó Molinar.
La coordinadora de la Asamblea de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez (AO), Marisa Colmenero, opinó que dichas modificaciones son preocupantes porque de alguna manera se está limitando la capacidad de las OSC para operar sus proyectos a beneficio dela comunidad.
No obstante, consideró que “es bien importante mencionar que no estamos en contra de la transparencia, del rendir cuentas, eso no esta en discusión. Realmente existen mecanismos para poder identificar a las organizaciones que incurran en faltas, es totalmente de nuestro interés que esas organizaciones sean sancionadas porque por unas cuantas se afecta al sector”.
Recalcó que el Gobierno Federal debería alinearse a los tratados internacionales a los que están suscritos donde se establece que tiene que fomentar la libertad de asociación, no solo la capacidad de formar una asociación si no también la capacidad de conseguir recursos de todos tipos.
Estas reformas que limitan a las donatarias autorizadas violentan a las OSC, dijo, cuando bien podrían ver a las organizaciones de las sociedad civil como colaboradoras que trabajan en beneficio de la ciudadanía.
La próxima semana, se votará el asunto en el Senado, por lo que los organizadores solicitaron a las y los senadores defender el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, así como abrir una mesa de diálogo para encontrar mediante la discusión y análisis, las soluciones pertinentes.
Desde hace un mes, las OSC están en comunicación y elaboraron un posicionamiento que fue firmado por más de mil 700 actores de las OSC.
