Ciudad Juárez, Chihuahua.— La organización Transparencia Internacional publicó ayer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, en el que México mejoró dos puntos su calificación con respecto a 2019, de 29 a 31 puntos.
México escaló seis lugares, pasando de la posición 130 a la 124 (de 180 países evaluados), y se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.
No obstante, de acuerdo con el reporte de la organización, en México es preocupante la falta de sanciones a los casos y redes de corrupción que ya son del conocimiento público, tras ser revelados por periodistas de investigación.
Transparencia Internacional señaló que, en el periodo de 2016 a 2019, no fue sancionado ninguno de los casos de corrupción que involucran a empresas y funcionarios mexicanos.
“El riesgo de impunidad, tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”, señala la organización.
El IPC revela además que México sigue siendo el país peor evaluado entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Por lo anterior Transparencia Internacional emitió las siguientes recomendaciones para México:
– En el marco de la emergencia sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas, México debe fortalecer las instituciones del sistema anticorrupción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
– La Auditoría Superior de la Federación debe fiscalizar el gasto público en tiempo real, con particular énfasis en el gasto en salud y los programas sociales y de reactivación económica.
– El INAI debe concentrarse en asegurar el principio de máxima publicidad en las acciones de salud pública, educación y reactivación económica vinculadas con los efectos de la emergencia sanitaria.
– La Fiscalía General de la República y las instituciones de impartición de justicia deben concentrarse en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos desviados en grandes casos de corrupción y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con actos de corrupción.
Investigación por una Mejor Ciudad
