Ciudad Juárez, Chihuahua.— Esta tarde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervino en el conflicto que existe entre la Subsecretaría de Desarrollo Social de Gobierno del Estado y empleados que fueron despedidos el pasado 31 de diciembre. “Han venido recibiendo evasivas para hacerles sus pagos, nosotros venimos porque nos indicaron que podría haber brotes de violencia, sin embargo no fue así, pero sí había algunos elementos de seguridad que protegen la oficina”, dijo César Díaz, visitador titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Cada uno irá a la comisión a ratificar la queja que ya presentaron y por nuestra parte pues es todo por ahora. Lo que podemos ver ahorita es que no existe tal intención de entregarles ahorita el pago, ya levantamos el acta”, mencionó.
El 31 de diciembre, cuando se disponían a recoger el cheque por el pago respectivo a la quincena, 42 empleados de la Subsecretaría de Desarrollo Social fueron notificados de su despido y la mayoría firmaron una renuncia voluntaria bajo presión y tras la promesa de que se les pagarían dos quincenas más como compensación. Sin embargo, hoy que acudieron a cobrar lo respectivo a la primera quincena pendiente, personal de la Subsecretaría les informó que no tenían sus cheques, tanto de las personas que firmaron la renuncia voluntaria como de quienes no firmaron, de acuerdo con los afectados, que en esta jornada fueron 14. Quienes no han firmado la renuncia fueron ingresados a una oficina resguardada por policías municipales y presionados para que firmaran la renuncia. Los denunciantes argumentan que no pueden firmar la renuncia sin una garantía de que se les van a pagar las dos quincenas prometidas por el Gobierno del Estado ya que, hay personal que firmó la renuncia y no se le ha pagado lo correspondiente.
“Lo que dijeron ellos es que estaban negociando con nosotros, pero pues no se negoció nada, de hecho ni era negociación, entrabas y era tu cheque por tu renuncia, esa era su negociación”, dijo Claudia Chico, una de las afectadas.
Los 14 afectados ya emprenden acciones legales en contra de Gobierno del Estado, particularmente contra la Subsecretaría de Desarrollo Social. Ya que no los dejan entrar a las instalaciones a laborar y no les pagan lo acordado.
