Chihuahua.– El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó ayer el Plan Estatal de Desarrollo (PED) y el Plan Estatal Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia para el periodo 2022-2027, mismos que contienen los objetivos, estrategias y líneas de acción que regirán la actual administración estatal.
Con 23 votos a favor y una abstención, el dictamen de la Comisión Especial de Análisis de los Planes de Desarrollo y de Seguridad Pública fue aprobado luego de que los distintos grupos parlamentarios emitieran sus posturas y expusieron las omisiones encontradas en los planes.
El ‘Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027’, presentado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y aprobado durante la Primera Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) el pasado 22 marzo, incluye 50 objetivos, 140 estrategias y 593 líneas de acción integrados en 5 ejes.
El Gobierno del Estado informó que el PED fue realizado con la participación activa de los chihuahuenses mediante 260 buzones físicos, 350 propuestas en el buzón electrónico y 779 participantes en foros temáticos, sumando un total de mil 389 propuestas ciudadanas.
El dictamen aprobado incluye el ‘Plan Estatal de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 2022-2027’, mismo que contiene 12 ejes estratégicos y acciones como la implementación de la Plataforma Centinela y traslado de la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) a Ciudad Juárez.
La Comisión Especial de Análisis de los Planes Estatales de Desarrollo y de Seguridad Pública informó al Pleno Legislativo que para la elaboración del dictamen se realizaron tres reuniones de Comisión, en las que se reunieron con Secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Gerardo Serrato Castell, y en las que los grupos parlamentarios emitieron sus posturas.
Finalmente se acordó que, con el objeto de no limitar las opiniones de las diferentes fuerzas políticas, cada una enviaría a la Secretaría Técnica de la Comisión sus observaciones a los Planes en cuestión, y se incluyeran de manera textual en el Dictamen.
Falta de medición de objetivos y omisiones
La diputada Deyanira Ozaeta Díaz, en representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, destacó que el proceso de conformación de los planes fue un ejemplo de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo para ir generando acciones que favorezcan a todas las personas, sin embargo, señaló que hubo omisiones.
“El Plan no contempla a la salud mental, a las personas con discapacidad y adultos mayores, además de la ausencia total de líneas fuera de las infancias, dirigidas a personas migrantes como sujetos atendidos; tampoco se observa una transformación a una política de desarrollo y sí acciones que, aunque necesarias, siguen fomentando el asistencialismo”, expresó en el Pleno.
Ozaeta Díaz señaló que el plan no contempla instrumentos de medición de los objetivos, por lo cual destacó que el seguimiento y la evaluación debe de ser exhaustiva para ver los resultados y evitar que los programas se limiten a fines electorales: “tan importantes son estos instrumentos de planeación como lo serán los subsecuentes de evaluación y rendición de cuentas”, expresó.
El diputado Edgar Piñón Domínguez, en representación grupo parlamentario del PRI, resaltó la importancia de establecer instrumentos de medición de las líneas de acción, así como la implementación y asignación de los recursos que se van a emplear para los programas de obra y programas sociales, debido a que esto impactará en los presupuestos de ingresos y egresos de los próximos años.
“Más allá del contenido del documento, como resultado del análisis realizado, partimos de la premisa, de que lo que no se registra no se puede medir, y lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora, difícilmente arrojará un resultado de avance respecto a quienes o cuales áreas instrumentarán u operarán cada eje plasmado en el PED”, señaló.
Investigación por una Mejor Ciudad
