Ciudad Juárez, Chihuahua.— Esta mañana la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer en conferencia de prensa que interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación en contra de la instalación y operación de una mina a cielo abierto en Samalayuca denominada “Unidad Minera La Gloria”.
Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción, mencionó que la demanda de amparo es “en contra de todas las autoridades involucradas en el otorgamiento de permisos. Consideramos ilegal el otorgamiento de los permisos además de inconstitucional. Están dañando el principio de bienestar ambiental y el derecho al agua”, señaló.
Además, el abogado Felipe Neri Narváez dijo que establecieron en el amparo también el daño patrimonial que se puede generar en el área de petrograbados que existe en la misma zona de operación de la mina a cielo abierto.
Con esta demanda de amparo la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad exige la suspensión inmediata de todos los trabajos desarrollados en el proyecto minero, ya que en una inspección de la zona constataron que la minera Samalayuca Cobre, financiada por la empresa canadiense VVC Exploration Corporation, inició trabajos de exploración en la zona realizando diversos trazos en el terreno.
En la demanda de amparo están señaladas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente su subdelegado, así como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.
Gerardo Carrasco pidió a los gobiernos municipal y federal reconsiderar los permisos otorgados para la operación de esta mina.
De acuerdo con los abogados, estudios internacionales y nacionales advierten sobre los daños de las minas a cielo abierto ya que contaminan el aire y el agua, dañan acuíferos subterráneos, impactan la flora y la fauna y generan conflictos socioculturales con las comunidades originarias, por lo que su instalación en una área natural protegida violenta los derechos humanos no sólo de las personas que ahí habitan sino de los municipio colindantes, sobre todo a Ciudad Juárez y Guadalupe, en el Valle de Juárez.
El director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción enfatizó que se agotarán todas las instancias necesarias para detener el proyecto minero en Samalayuca, incluso si tienen que llegar a la Suprema Corte o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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