Ciudad Juárez, Chihuahua.— En un reporte especial sobre proyectos de alumbrado público de tipo Participación Público-Privada (PPP) en municipios de México, la calificadora internacional Fitch Ratings advirtió sobre la “volatilidad” y “debilidades jurídicas” del cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para financiar los mismos.
El reporte, publicado el 27 de marzo de 2019, señala que el financiamiento de proyectos de alumbrado público en modalidad PPP financiados con el DAP, carecen de certidumbre presupuestal y son susceptibles a amparos en algunas jurisdicciones.
“Para el caso mexicano, la agencia percibe que este activo (el DAP) presenta mayor volatilidad, así como posibles debilidades jurídicas, puesto que en casos en donde el cobro está en función del consumo de energía eléctrica resulta ser un impuesto. El impuesto en consideración pudiera ser inconstitucional, al ser la Federación la encargada de imponer impuestos en materia eléctrica”, indica el documento.
El reporte de Fitch Ratings fue emitido unos meses antes de que el Cabildo de Juárez aprobara el proyecto ‘Juárez Iluminado’, que se pretendía financiar con este impuesto durante 15 y que finalmente fue retirado por su promotor, el alcalde Armando Cabada Alvídrez, quien anunció que se presentaría una versión alterna al plan de alumbrado, a pocos días de que este fuera sometido a consulta pública mediante un plebiscito.
A mediados de este mes, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentaron 182 acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en contra del cobro del DAP estipulado en las leyes de ingresos de los municipios de Chihuahua, y el del Impuesto Universitario que se cobra con una sobretasa del 4% a la revalidación vehicular.
Lo anterior ha ocasionado rechazo en los gobiernos municipales y estatal, que consideran que la eliminación de este cobro representaría un golpe significativo a las finanzas de las administraciones locales.
“Sería una vulneración muy importante a las finanzas, tanto de los municipios como de las universidades (…) No sabemos cuál sea la motivación realmente, no creo que se pueda hablar de un federalismo, al contrario. Es una acción legal muy rara y voy a platicarla con el consejero jurídico (federal), Julio Scherer”, dijo al respecto el gobernador Javier Corral Jurado.
Asimismo, a través de un comunicado de prensa se informó que la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua presentó un recurso de reclamación ante el ministro presidente de la SCJN, Arturo Saldívar Lelo de Larrea, contra la admisión de las acciones de inconstitucionales presentadas por la Presidencia de la República y la CNDH.
Investigación por una Mejor Ciudad
