Seguritech subcontrató a 37 empresas para la operación de la Plataforma Centinela

Por Itzel Ramírez / La Verdad Juárez

La empresa Seguritech Privada, responsable de la operación de la Plataforma Centinela en el estado de Chihuahua, delegó en terceros la prestación de diversos servicios del proyecto de videovigilancia y seguridad que el gobierno de María Eugenia Campos Galván le adjudicó por más de 4 mil 700 millones de pesos.

Las tareas subcontratadas abarcan desde la gestión de trámites gubernamentales y trabajos en arcos carreteros hasta la vigilancia en filtros biométricos en diversos puntos de la entidad, además de la construcción de la Torre Centinela, sede central de la Secretaría de Seguridad Pública estatal inaugurada el pasado 9 de septiembre.

Documentos públicos revelados por POPLab y CONNECTAS, y consultados por La Verdad Juárez, señalan que, en tan solo dos años, Seguritech Privada S.A. de C.V. erogó al menos 322 millones de pesos a 37 empresas por servicios vinculados con la Plataforma Centinela en Chihuahua.

Entre los proveedores contratados por la empresa figuran algunos sin historial público verificable, carentes de inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC) o sin trayectoria previa en la prestación de servicios a instituciones públicas.

Hasta la fecha, el Gobierno del Estado de Chihuahua no ha hecho transparentes estas subcontrataciones, por lo que se desconoce la naturaleza exacta y el costo real de los trabajos delegados desde el inicio de la operación del proyecto.

Ni la Secretaría de Hacienda ni la Secretaría de Seguridad Pública estatales respondieron a las solicitudes de información sobre el impacto financiero de estas contrataciones de terceros en el costo total de la obra, ni sobre las implicaciones en el manejo y acceso a datos biométricos e información sensible de seguridad pública.

“Hay un aspecto que tiene que ver con la corrupción y es que el hecho de que tú no puedas saber cuáles son las empresas que están siendo subcontratadas se presta para que haya tráfico de influencias, por ejemplo. Se presenta mucho que tú tal vez estás contratando estas empresas, estás poniendo las cosas con sobreprecio, o tal vez la empresa está a nombre de algún amigo de un servidor público; entonces al ocultar todo esto, pues eso es muy difícil investigar”, dice Santiago Narváez, investigador de la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales consultado sobre el tema.

¿Quién está detrás de Centinela?

En abril de 2022, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que su administración invertiría más de 200 millones de dólares para la construcción y puesta en marcha de Plataforma Centinela, un programa de videovigilancia (con uso de inteligencia artificial, cámaras, filtros, drones, centros de mandos regionales y un edificio central en Ciudad Juárez), se presentó como el plan maestro para combatir la criminalidad en la entidad. Otra cantidad similar se destinaría al equipamiento tecnológico, se informó en agosto de ese año al iniciar la Torre en el centro de Ciudad Juárez.

Sin licitación pública de por medio, el gobierno chihuahuense eligió a la empresa Seguritech Privada para la encomienda, con el argumento de que sus intervenciones en Tamaulipas y Guanajuato habían ayudado a disminuir la incidencia delictiva, sumado a que la compañía era la que ofertaba mejor tecnología.

Con 22 años de experiencia en la construcción de centros de monitoreo y videovigilancia, Seguritech SA de CV optó por subcontratar a una treintena de empresas y personas físicas para Plataforma Centinela, pagándoles un total de 322 millones 825 mil 755 pesos entre mayo de 2022 y diciembre de 2024, de acuerdo con los documentos revisados.

La Verdad Juárez revisó 248 folios de facturas emitidas por 37 particulares por diversos cobros hechos a Seguritech relacionados con servicios prestados para Plataforma Centinela; de 33 empresas, seis no están inscritas en el Registro Público de Comercio (RPC) y en algunos casos no se encontró información sobre su experiencia previa o participación en proveeduría para gobiernos, el resto corresponde a personas físicas con actividad empresarial.

Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024, Kleinburg Consulting cobró a Seguritech 16 millones 23 mil pesos por trabajos relacionados con Plataforma Centinela, entre ellos servicios de ingeniería para el sistema de arcos carreteros, secuencias de mantenimiento para postes de videovigilancia, análisis de sembrado de posiciones, proyecto de protección contra luz UV y campos electromagnéticos para cámaras de vigilancia y dispositivos electrónicos, entre otros.

La compañía no está inscrita en el RPC ni se encontraron registros de su participación en obra pública con anterioridad, tampoco tiene sitio de internet ni medio de contacto.

Los servicios pagados también sirvieron para los 11 filtros que contempla la plataforma en diferentes partes de la entidad, cada uno con sensores de captación biométrica para identificar los vehículos a la entrada y salida de los municipios en los que se encuentran.

Héctor Gabriel Quintero Tabardillo cobró 16.6 millones de pesos por trabajos de obra civil de los filtros de Ojinaga, Parral y Chihuahua-Hermosillo, según consta en las facturas revisadas. Mientras que Grupo Mercla obtuvo 5.1 millones de pesos por “trabajos extraordinarios” y vigilancia (incluidos tres turnos de veladores) en el filtro de Ojinaga.

A Electroconstructora IMER, la empresa Seguritech le pagó en total 780 mil 686 pesos por costos de construcción, trámites y servicios para la Torre Centinela, incluyendo servicios de voz, datos, control de accesos, sistemas contra incendios y revisión de ingeniería hidrosanitaria del edificio, el centro de mando de toda la plataforma

El contrato SH/ADE/079/2022 firmado entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública y Seguritech establece que la compañía debe presentar cartas de antecedentes no penales de todo el personal asignado para la prestación de los servicios relacionados con Plataforma Centinela. Ambos entes gubernamentales omitieron informar si el personal subcontratado cumplió con dicha disposición o si tuvo acceso a infraestructura confidencial e información biométrica.

Dentro de las empresas elegidas por Seguritech se encuentra Grupo Constructor Montaña Blanca, que recibió 31.4 millones de pesos por servicios realizados en Bocoyna, Madera y Guachochi en prácticamente un año, entre noviembre de 2023 a diciembre de 2024.

Javier Garfio Pacheco, exalcalde de Chihuahua y exfuncionario de la administración del priista César Duarte, fue accionista de esa empresa hasta octubre de 2024, cuando cedió la totalidad de su participación a favor de Javier Alfonso Garfio Armendáriz, José Luis Garfio Armendáriz y Victoria Garfio Armendáriz, de acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio.

Garfio Pacheco fue sentenciado en 2017 por delito de peculado agravado y condenado a pasar tres años de cárcel como parte de la Operación Justicia para Chihuahua, que integró procesos penales en contra de personajes de la vida política de la entidad por su presunta participación en esquemas de corrupción durante el gobierno de Duarte.

Retrasos y sanciones

En los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua encontró que Seguritech incumplió con los plazos de entrega de Torre Centinela y de subcentros regionales, además de arcos, filtros, red de transporte de datos y la “puesta a punto” del proyecto.

“… se constató que, el prestador de servicios no cumplió en el ejercicio fiscal de 2024 con la entrega de 30 arcos carreteros, 10 filtros, 17 videowall, torre centinela, centros de mando en Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes, y de 78 mesas de trabajo conforme a los plazos de entrega”, precisa la ASE en el Informe Individual de Auditoría de Cumplimiento Financiero, fechado en diciembre de 2025.

El organismo informó entonces que la Secretaría de Seguridad Pública no acreditó la amortización de las multas determinadas en contra de Seguritech por el incumplimiento de los plazos. En mayo de este año, la ASE detalló que ya se habían aplicado las penas convencionales por un monto de 112.3 millones de pesos, lo que subsanaba la observación de la Cuenta Pública.

Si bien el informe de la ASE no hace mención de subcontratadas, la descripción de los servicios pagados por Seguritech muestra la participación de terceros en los trabajos no entregados en los plazos pactados con el estado de Chihuahua.

Ingeniería METJ Construcciones, Metal Comunicaciones, Héctor Gabriel Quintero Tabardillo, Edgar René Rentería Ríos, María Eugenia Acosta Batista, Miguel Alejandro Albarrán Olvera y Kleinburg Consulting cobraron por tareas realizadas en arcos de Plataforma Centinela; mientras que Clami Ingenieros, Grupo Mercla y Héctor Gabriel Quintero Tabardillo participaron en obra civil, desarrollo, gestoría y conclusión de filtros. Fuentes internas de la Secretaría de Seguridad Pública confirmaron que dichos filtros continúan sin instalarse.

En tanto que Grupo Catraar México, Elevando espacios L&H, Constructora Prourvika, ADL Esime de México, Gameros y Luévano Construcciones, Prosisa IMC de México, Servicios Científicos de Ingeniería Civil Forense, Electroconstructora IMER y Francisco Arreola Hoyos recibieron pagos entre 2022 y 2024 por servicios en la Torre Centinela, que fue inaugurada el pasado 9 de septiembre, aunque inicialmente se anunció que sería entregada en febrero de hace dos años.

Los trabajos subcentros o centros de mando regionales, la red de transporte de datos, así como el diseño, transferencia de conocimiento y administración del proyecto, señalados todos con demoras por la ASE, también registraron erogaciones hacia terceros.

Pagos por traducción y gestiones

El Gobierno de Chihuahua se comprometió a entregar a Seguritech 4 mil 709 millones 885 mil 681 pesos del erario como pago por el “servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia del Proyecto Centinela”.

El proveedor está obligado a proporcionar al gobierno “el diseño, suministro, implementación, puesta a punto, integración de tecnologías, transferencia de conocimiento y servicios necesarios para la operación del servicio integral que el gobierno requiere para proporcionar el apoyo inmediato necesario a la ciudadanía en situación de inseguridad y emergencia, mediante un sistema tecnológico de vanguardia en el Estado”, según se advierte en el contrato suscrito en junio de 2022.

Como parte de las subcontrataciones, Seguritech pagó por la traducción de documentos, así como gastos de representación, gestoría y trámites de factibilidades, licencias y permisos.

De acuerdo con Lourdes Morales, coordinadora del programa Ciudadanía de México Evalúa, la falta de regulación en procesos de compras públicas da pie a que haya esquemas de simulación.

“Existen buenas prácticas en donde no solamente participan industrias que están involucradas en obras públicas, sino que también conocemos los precios del mercado y eso permite saber si el producto que se adquirió coincide con el precio promedio del mercado”, comentó la especialista.

A nivel federal, recordó, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados obliga a que se realicen estudios de mercado para las adquisiciones, además de que los contratos deben indicar desde la convocatoria qué trabajos pueden ser sujetos de subcontratación, siempre que no supere más del 49 por ciento del importe total del contrato.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua también indica que la obligatoriedad de estudios de mercado, incluso en procedimientos de adjudicación directa, como el caso de Centinela; el gobierno estatal no ha publicado ni respondido a los cuestionamientos sobre la existencia de este requisito legal.

“Si hay dudas sobre la contratación de una empresa específica que a lo mejor no cumpliría con todos los requisitos de una compra con integridad, pues entonces correspondería auditar estas subcontrataciones y dar a conocer a la ciudadanía si existen irregularidades o no y en caso de que haya irregularidades, pues entonces hay que buscar el resarcimiento del daño y que se recupere parte de los recursos que se destinaron a esta a esta adjudicación”, consideró Morales.

Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez. Aquí puedes consultar su publicación.