Jueces electos acumulan denuncias al año de su elección en Chihuahua

Por Blanca Carmona / La Verdad Juárez

Ciudad Juárez, Chihuahua.– En las madrugadas, “Fernanda” despertaba sobresaltada, con llanto. La invadía el miedo de perder a su hijo de 7 años en medio de su proceso de divorcio.

Su incertidumbre se desató luego de que el juez Sexto Familiar por Audiencia, José Miguel Arellano Sosa, decidiera entregar la guarda y custodia del niño a su expareja, sin que el hombre lo hubiera solicitado y a pesar de que este manifestó no tener tiempo para cuidarlo, narra la mujer, quien solicitó el resguardo de su identidad por motivos de seguridad.

Además, el juez impuso a Fernanda la obligación de pagarle a su expareja una pensión alimenticia equivalente al 25 por ciento de su salario, pasando por alto la existencia de una denuncia previa por violencia familiar en contra del hombre.

La resolución fue considerada por la mujer como violatoria de sus derechos y los de su hijo. Por ello, acompañada de su abogado, presentó una denuncia contra el juez Arellano Sosa ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. En sus argumentos, señaló que el juzgador incurrió en faltas administrativas graves previstas en el Artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al no velar por el interés superior del menor, manipular una declaración del niño, no juzgar con perspectiva de género y revictimizarlos.

“Además de sufrir violencia, la autoridad que debería de defendernos, que debería de protegernos, nos ataca más o nos provoca más daño”, dice Fernanda al referirse a resolución de la persona juzgadora que llevó su caso, una de las más de 900 electas en Chihuahua, durante la primera elección judicial ciudadana celebrada en junio del año pasado.

La denuncia de Fernanda es una de 38 demandas presentadas por ciudadanos en contra de nuevos juzgadores que asumieron el cargo en septiembre pasado, cuando arrancó una nueva era judicial en Chihuahua. Los jueces denunciados se encuentran bajo investigación, según datos del Poder Judicial del Estado, con corte al mes de abril de este año.

Las quejas acumuladas contra los jueces electos en apenas siete meses representan casi el 15 por ciento del total de las 260 denuncias interpuestas contra los juzgadores en general en la entidad en el periodo de enero de 2024 a abril de 2026; es decir, contra resolutores en el sistema tradicional y de los que operan tras la elección.

Sin embargo, el alcance real de los reclamos ciudadanos permanece en la opacidad. El Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua clasificó como reservada por cinco años —o hasta que se extingan las causas— la información sobre las irregularidades denunciadas y el seguimiento de los casos.

“La reserva evita la difusión de acusaciones no probadas, salvaguardando la reputación de los servidores públicos. La exposición pública prematura podría causar un daño irreparable, incluso si la persona es posteriormente declarada inocente”, respondió la institución gubernamental vía Transparencia.

La solicitud de información tramitada solo requería versiones públicas de las denuncias, sin solicitar la identidad de víctimas, testigos o nombres de los jueces bajo investigación, limitándose a datos estadísticos generales.

La respuesta oficial a la solicitud de información sobre el tema solo desglosó que los jueces denunciados pertenecen a las materias Familiar, Civil, Laboral y Penal. En materia penal, los señalamientos involucran a jueces de Control, de Tribunal de Enjuiciamiento (o Juicio Oral), el Tribunal Especializado en Violencia de Género (Teviogen), Ejecución de Penas y el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes. Asimismo, se registró una demanda contra un juzgado Familiar del sistema tradicional.

‘Juzgan sin experiencia’, acusan litigantes

Las inconformidades contra juzgadores que tienen menos de un año en funciones no solo se han canalizado por la vía administrativa. Abogados y operadores del sistema judicial local consultados para este reportaje coinciden en que el desempeño en el desarrollo de las audiencias y el manejo del personal ha resultado deficiente.

“El desempeño ha sido un tanto deficiente y eso es debido a que algunos de ellos que no tienen carrera judicial y por la falta de experiencia en el manejo tanto de los procesos como del personal propio”, comenta José Armando Alonso González, abogado y expresidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

Respecto a los procesos, Alonso González explicó que algunos juzgadores muestran un criterio limitado para resolver los casos que reciben. Señaló que una queja constante entre los litigantes es el rezago en las materias Civil y Familiar, donde la radicación de expedientes nuevos y la emisión de acuerdos de demandas en trámite tardan hasta un mes y medio, cuando el plazo legal es de tres días.

Esta situación, indicó, afecta directamente a los ciudadanos que esperan, afirma, que varios de sus agremiados lo han hecho de manera individual. Los motivos principales son la dilación en radicaciones, la lenta expedición de acuerdos, el rezago en la asignación de citas y la excesiva burocracia.

“Es contrario a lo que nosotros esperábamos, que la justicia sea pronta y expedita, más rápido. Pero le digo sigue igual, el sistema no cambió en ese sentido… esperábamos que se mejorara todo, que cambiara la manera de hacer estos trámites burocráticos, que fuera menos lentos. Y como le digo es lo mismo, pues es el mismo personal nomas diferentes jueces”, afirma.

De acuerdo con información proporcionada por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, encabezada por Carlos Daniel Ponce Chacón, de enero de 2025 a abril del 2026 se recibieron 260 quejas contra juzgadores de primera instancia.

De esa cantidad, un total de 38 corresponden a resolutores que entraron en funciones a partir de septiembre, luego de haber sido elegidos a través del voto ciudadano.

Denuncias contra jueces electos en Chihuahua

Para el abogado, analista político y activista, Gerardo Cortinas Murra, la reciente reforma permitió el arribo de perfiles sin la experiencia necesaria debido a que los requisitos de elegibilidad fueron sumamente laxos. De hecho, señala que algunos juzgadores han renunciado al enfrentarse a la realidad del cargo, lo que lo llevó a presentar una queja ante el Tribunal de Disciplina en contra de los integrantes del órgano de administración del Poder Judicial por aceptar dichas renuncias sin tener las competencias legales para ello.

Cortinas Murra comparte que en las últimas semanas también interpuso una denuncia administrativa contra la jueza de Enjuiciamiento Penal de la ciudad de Chihuahua, Christian Denisse Durón Flores, por considerar que incurrió en una “ineptitud jurídico-procesal” que derivó en la violación de los derechos humanos de una persona imputada.

“En el caso de los jueces penales, civiles, sí tengo conocimiento por parte de algunos colegas de que la impartición de justicia penal es sumamente deficiente. Yo la semana pasada presenté una queja administrativa en contra de una juez de Enjuiciamiento Penal porque realmente se están dictando resoluciones excesivamente incongruentes, fuera del contexto”, expone.

El caso “Fernanda”: ¿El impacto de la inexperiencia en el área Familiar?

La inconsistencia procesal descrita por los especialistas consultados se materializó en el caso de Fernanda, cuya afectación trastocó su entorno económico y familiar.

En febrero pasado, el área de Recursos Humanos de la empresa donde trabaja le notificó que el Juzgado Sexto Familiar por Audiencias había ordenado la retención del 25 por ciento de su sueldo como pensión alimenticia en favor de su esposo.

Así fue como se enteró de que su entonces pareja, identificada con las iniciales C.J.R., había promovido una demanda de divorcio bajo el expediente 69/26 y que el juzgado le había otorgado a él la guarda y custodia provisional del hijo de ambos, de 7 años.

“El oficio era únicamente por retención de pensión, no traía ninguna explicación, ni nada. Yo no sabía qué estaba pasando. Mi ahora expareja, mi hijo y yo vivíamos juntos hasta ese momento. Entonces, yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo”, dice Fernanda.

La demanda, presentada el 23 de enero de 2026 por C.J.R., solicitaba exclusivamente la disolución del vínculo matrimonial. Pese a ello, el 6 de febrero el juez José Miguel Arellano Sosa admitió el trámite y otorgó la custodia provisional al padre, omitiendo que el propio demandante no la había solicitado e incluso argumentó que sus horarios laborales le impedían hacerse cargo del menor.

Al responder a la resolución, el exesposo notificó al Juzgado que aceptaba la custodia, pero que dejaría al niño bajo el cuidado de sus otros dos hijos —de una relación previa— y de su madre. El juzgador tampoco tomó en cuenta la existencia de la denuncia por violencia familiar, iniciada por agresiones físicas que el hombre presuntamente cometió contra Fernanda en diciembre de 2024.

La afectada aseguró que el juez no indagó sobre el entorno de cuidado del menor ni revisó los antecedentes de violencia física que también alcanzaban al niño. Ante su desesperación, Fernanda acudió personalmente al juzgado, pero fue ignorada por el titular. “El juez me miraba así con cara como de fastidio, como invalidándome, como si yo le diera flojera, todo el tiempo fue así”.

A pesar de la pensión impuesta, Fernanda exhibió ante el juzgador los comprobantes de que ella cubría la mitad de la colegiatura y las actividades extracurriculares de su hijo, además de videos que evidenciaban la conducta violenta de su expareja. “Su respuesta fue: ‘pónganse de acuerdo ustedes'”.

Por temor a perder la cercanía con su hijo, Fernanda asegura que permaneció en el domicilio conyugal tolerando el ambiente hostil y la incertidumbre de las resoluciones judiciales derivadas de cada promoción de su contraparte.

Actualmente, la mujer continúa bajo terapia psicológica en el Centro de Justicia para Mujeres (CEJUM) de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, donde el personal le ha manifestado que los casos de usuarias afectadas por violencia institucional son recurrentes.

Enrique Torres, abogado defensor de Fernanda, señala que la legislación familiar mandata colocar el interés superior del menor en el centro de cualquier debate jurídico, por encima de las pretensiones de los padres. Atribuye el actuar del titular del Juzgado Sexto Familiar por Audiencia a una falta de capacitación especializada, dado que el perfil original del juzgador correspondía a otra materia. Antes de ser electo, José Miguel Arellano Sosa se desempeñaba como escribiente en el Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencia.

“Yo lo puedo atribuir en parte al desconocimiento que tiene el juez de estar en esa posición en la que nunca había estado. El juez era un escribiente en un juzgado civil, no tenía experiencia en materia Familiar. Yo diría que es más el tema de la inexperiencia, de la falta de capacidad para discernir un tema de esta naturaleza aún con todas las pruebas en la mano”, afirma el litigante.

El caso de Fernanda concluyó en abril, luego de que el demandante accediera a firmar un convenio antes de que la denuncia por violencia familiar fuera judicializada y se solicitaran medidas de protección. El acuerdo obligó al padre a establecer un régimen de convivencia de solo un día a la semana debido a su falta de tiempo.

Hasta el momento el Tribunal de Disciplina no ha emitido una resolución a la denuncia contra el juzgador ni siquiera ha establecido comunicación con la denunciante.

La Verdad Juárez solicitó una entrevista con el juez Sexto Familiar por Audiencia, José Miguel Arellano Sosa, para conocer su postura ante los señalamientos; sin embargo, personal de su juzgado notificó que el funcionario no disponía de tiempo para atender la solicitud debido a la carga de trabajo y se negó a programar una fecha en otro momento.

Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez. Aquí puedes consultar su publicación.