Estudiante se ampara contra UACJ por cuotas de inscripción diferenciadas a extranjeros

Redacción / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.– Un estudiante extranjero con residencia permanente en Juárez desde hace cuatro años interpuso un amparo indirecto en contra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) debido al cobro de tarifas diferenciadas por ser originario de otro país.

Emiliano –cuya identidad es reservada por cuestiones de seguridad– argumenta en el recurso legal interpuesto el pasado 30 de junio, a través del acompañamiento legal brindado por Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), que estas cuotas representan una violación al derecho fundamental a la educación y a la no discriminación.

La organización que acompaña a personas en contextos de movilidad humana informó en un comunicado de prensa que el afectado no pudo inscribirse el pasado 8 de junio a la Licenciatura en Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA) debido a los altos costos impuestos por ser hondureño.

DHIA dio a conocer que la cantidad que le solicitó la UACJ a Emiliano para iniciar el semestre fue de 34 mil 105 pesos, más de lo que debe pagar cualquier persona aspirante de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con la demanda de amparo, Emiliano buscó reunirse con autoridades universitarias el pasado 9 de junio para consultar las razones por las cuáles debía pagar más solo por ser de otra nacionalidad, pero la respuesta que recibió fue que “eso estaba en los estatutos y que pidiera una prórroga para cubrir la cantidad solicitada”.

Tras promover el juicio de amparo indirecto a finales de junio, el juez del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua emitió el 2 de julio una suspensión provisional de las medidas del acto reclamado, ordenándole a la UACJ emitir una nueva boleta de pago donde la cantidad corresponda a lo que paga una persona mexicana, así como permitir que Emiliano formalice su inscripción y curse las materias de la licenciatura.

Sin embargo, DHIA enfatizó que el derecho a la educación de Emiliano sigue comprometido mientras no se emita una sentencia favorable, pero una resolución a favor del estudiante extranjero tiene la posibilidad de ser un precedente para las personas en contextos de movilidad y sus proyectos de vida.

“Emiliano es habitante de Ciudad Juárez desde los cuatro años, cuenta con residencia permanente en México y su principal apoyo económico proviene de su madre, quien gana el salario promedio de una trabajadora de maquiladora”, señaló la organización.   

La organización sostiene que la normatividad de la universidad, disponible en su sitio web, no señala las tarifas vigentes ni la fundamentación de las cuotas diferenciadas, pero, de acuerdo con el tarifario de la universidad del semestre de febrero a junio de 2015, a estudiantes nacionales se les cobró 2 mil 250 pesos de inscripción, mientras que a personas extranjeras la tarifa ascendió a poco más 21 mil 800 pesos.

Así mismo, por cada crédito de las asignaturas, se cobró 26 pesos a las personas mexicanas, mientras que a extranjeras 93.6 pesos.

DHIA recordó que Artículo 3 constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, sin embargo, señaló que este enfoque se obstaculiza al aplicar una tarifa diferenciada entre personas de nacionalidad mexicana y extranjera sin considerar su contexto.

“Aunque la universidad sea autónoma en cuanto a cátedra, gobierno, administración y economía, entre otros aspectos, dicha autonomía debe maximizar el derecho a la educación y no está por encima de lo que establece la Constitución, en materia del acceso a la misma para todas las personas, como lo explica la tesis de jurisprudencia 119/2017”, indicó en el comunicado.

La organización señaló que la UACJ está violando los derechos fundamentales de Emiliano a la educación y a la no discriminación, puesto que el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Además, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el acceso a la educación, y la prohibición de la discriminación por origen étnico o nacional.

“(Este caso) pone sobre la agenda pública la urgente necesidad de adoptar enfoques y políticas de integración en Chihuahua”, sostuvo DHIA.