Cuatro empresas recibieron contratos en 2016 por servicios de los cuales no existe evidencia de que hayan sido otorgados; todas se disolvieron en 2017, poco después de que Corral asumiera la gubernatura
Las empresas de las cuales Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua no logró comprobar la prestación de servicios ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), desaparecieron en un periodo de dos meses, de acuerdo con el Registro Público de Comercio.
La Auditoría Superior del Estado, en su reporte de revisión a la cuenta pública 2016 de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, evidenció que no existen informes de resultados, bitácoras, minutas de reuniones y, en general, evidencia de que las cuatro empresas hayan prestado los servicios para los que fueron contratadas.
El estatus de las cuatro empresas, ante el Registro Público de Comercio, es de “liquidación”.
En total, Pensiones Civiles pagó 3 millones 088 mil 384 a las cuatro empresas que prestarían servicios profesionales, sin embargo, en ningún caso se logró acreditar la prestación de los servicios.
Se trata de Quantio Empresarial, que prestaría servicios de análisis de planificación e implementación de actividades de conservación de los edificios en las delegaciones de Chihuahua y Juárez.
De acuerdo con la ASE, el pago a esta empresa podría representar daños y perjuicios a la Hacienda Pública, toda vez que no se comprobó la prestación de los servicios.
Quantio Empresarial se creó en 2002 y se liquidó en agosto de 2017, a casi un año de que Corral Jurado asumiera la gubernatura de Chihuahua, de acuerdo con el Registro Público de Comercio.
El 29 de febrero de 2016, la empresa Status Kappa obtuvo un contrato de 750 mil pesos por servicios de asesoría e implementación de esquemas para la mejora a la atención de pacientes.
La empresa se constituyó en abril de 2007 y terminó operaciones en junio de 2017. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el propietario fue Alberto Barrios Ochoa, titular de la Dirección de Protección Civil del Municipio de Juárez durante la década pasada.
Otra empresa de la cual no se logró evidenciar el trabajo realizado, según la ASE, es Testarest, a la cual se le pagaron 903 mil pesos para desarrollar un análisis de tiempo y movimiento en procesos y controles internos para el correcto manejo de inventarios en la delegación de Chihuahua. El contrato con esta compañía se firmó el 08 de febrero de 2016.
Testarest se constituyó ante el Registro Público de Comercio en julio de 2013, ya con César Duarte Jáquez como gobernador del estado, y se mantuvo en operaciones sólo cuatro años: hasta junio de 2017.
Una empresa más es Fenvert, que se creó en septiembre de 2015 y desapareció en agosto de 2017.
Esta persona moral obtuvo un contrato de 782 mil pesos para brindar servicios profesionales consistentes en la planificación y diseño de controles para el inventario del almacén de medicamentos en todas las delegaciones de Pensiones Civiles del Estado.
De ninguna de las cuatro empresas se comprobó la prestación de servicios, todas desaparecieron en 2017 y, de acuerdo con la ASE, representaron daños y perjuicios a la Hacienda Pública del estado de Chihuahua.
Las operaciones con estas empresas podrían constituir responsabilidades administrativas, de carácter penal o civil, según lo que determinen las autoridades competentes, estableció la ASE en su reporte.
