Ciudad Juárez, Chihuahua.— A través de contratos que contravienen la ley, el Municipio de Juárez entregó más de 27 millones de pesos a familiares y socios de funcionarios públicos, determinó la Auditoría Superior del Estado en la revisión a la Cuenta Pública de 2019.
La televisora propiedad de la familia de Armando Cabada, presidente municipal y aspirante a candidato a una diputación plurinominal por Morena, fue una de las beneficiarias de los contratos en los que la ASE encontró conflictos de interés, según el informe individual de la Auditoría de Cumplimiento Financiero I.
La revisión señala que 13 de febrero de 2019 el Municipio adjudicó de manera directa, es decir sin licitación pública, el contrato DCA/CS/062/2019 a Intermedia de Juárez SA de CV (Canal 44) por 11 millones 49 mil 210 pesos para servicios de difusión en medios de comunicación.
Debido a que los accionistas de Intermedia Juárez son el alcalde Héctor Armando Cabada Alvídrez, además de sus hermanos Luis Arnoldo, Sergio Alberto, Jesús Antonio, Manuel Alejandro y su padre Arnoldo Cabada de la O, un acta de la Contraloría Municipal excusó al funcionario para abstenerse “de intervenir en cualquier forma ante cualquier contrato que eventualmente pudiera celebrarse entre el Municipio” y la empresa en cuestión.
El Cabildo de Juárez nombró el 7 de febrero de 2019 al regidor Carlos Ponce Torres (que pertenece a la misma fracción del alcalde) para ser quien analizara y formalizara los contratos entre el Municipio y e Intermedia de Juárez SA de CV como una manera de evitar el conflicto de interés.
Sin embargo, la ASE encontró que Ponce Torres es a su vez socio de Manuel Alejandro Cabada Alvídrez y Jesús Antonio Cabada Alvídrez (hermanos del alcalde) en la empresa Centro Geriátrico Especializado SA de CV, lo que, a criterio de la ASE, significa conflicto de interés.
El órgano fiscalizador explica que de acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, los entes públicos deben de abstenerse de adjudicar contratos con las personas que siendo servidores públicos tengan “interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para su persona, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceras personas con las que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para personas socias o sociedades de las que la o el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate”.
En respuesta a la observación de la ASE, el municipio dijo que Ponce Torres había dejado de ser socio de los hermanos Cabada en enero de 2016, aunque no entregó prueba suficiente de que el regidor hubiese transferido las acciones de Centro Geriátrico Especializado SA de CV.
“No se solventa la observación, en virtud de que, aun cuando el acta se encontrase debidamente protocolizada, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el documento proporcionado no cumple con lo dispuesto por dicha ley para ese tipo de actas, aunado a lo anterior, conforme a la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, la documentación proporcionada por la Entidad Fiscalizada no es el documento jurídicamente idóneo para acreditar que la persona a quien supuestamente se transmitieron las acciones, se trate realmente de la dueña de dichos títulos”, concluyó la ASE.
Como consecuencia, el órgano promovió un informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para que se siga la investigación y, en su caso, se lleve ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para la imposición de la sanción correspondiente.
René Carrasco Gómez, director general de Centros Comunitarios del Municipio, está involucrado en los otros dos contratos con observaciones de conflicto de interés.
En el primer caso se trata de un contrato firmado el 11 de julio de 2019 para la compra de tres vehículos equipados para funcionar como clínicas móviles (dental, oftalmológica y dental y de la mujer, respectivamente) por 14 millones 915 mil 147 pesos a la empresa Electromédica Tesla S de RL de CV.
La ASE encontró que además de ocupar la Dirección General de Centros Comunitarios desde el 24 de abril de 2019, Carrasco Gómez funge como secretario del Consejo de Administración de la empresa Electrónica K.U.K.O. SA de CV, donde participan también Refugio González Paredes y Miguel Ángel González Portillo, accionistas de Electromédica Tesla S de RL de CV.
“Con lo anterior, se advierte que el C. René Carrasco Gómez, encargado del despacho de la Dirección General de Centros Comunitarios y que intervino en el procedimiento de contratación (…) de la licitación que nos ocupa, observándose que tiene un interés de negocios con los CC. Refugio González Paredes y Miguel Ángel González Portillo, quienes forman parte de la empresa Electromédica Tesla, S de RL de CV (contratista), al participar al mismo tiempo con dichas personas en la empresa Electrónica K.U.K.O., SA de CV”, explicó la ASE.
El Municipio no pudo acreditar que a Carrasco Gómez se le revocó el nombramiento de secretario del Consejo de Administración de Electrónica K.U.K.O. SA de CV, por lo que la observación se mantuvo y se inició un informe de presunta responsabilidad administrativa.
Carrasco Gómez –papá del regidor René Carrasco Rojo, que pertenece a la fracción independiente del alcalde Cabada– también fue señalado por la ASE por el conflicto de interés que supone su participación en la empresa Electrónica Médica K.U.K.O SA de CV, que recibió un millón 727 mil 588 pesos por la compra de equipo e instrumental médico para consultorios dentales.
El 14 de mayo de 2019, como resultado de un procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores, Electrónica Medica K.U.K.O SA de CV obtuvo el contrato DCA/DGCC/102/2019.
La ASE encontró que, al igual que en el caso de Electrónica K.U.K.O., Carrasco Gómez es el secretario del Consejo de Administración de Electrónica Medica K.U.K.O SA de CV, por lo que determinó un conflicto de interés por haber intervenido en el procedimiento de contratación.
Investigación por una Mejor Ciudad
