Hilda Ávila López está parada frente a mil hojas que llevan impreso el rostro de una decena de personas que, un día, alguien se llevó.
Ahí, parada frente a las cien imágenes del rostro de su hermano y las 900 de otros nueve hombres arrancados de sus rutinas y de sus vidas, Hilda dice: “somos creyentes, la mayoría”.
Y tiene sentido —todo el sentido del mundo— que alguien que busque, crea. Que crea en algo o en alguien que le ayude a encontrar a su familiar. Creer es la parte fundamental de una búsqueda.
La sala es pequeña. Hilda y Yéssica —del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte— escriben hoja tras hoja, mil veces, un número de teléfono y cubren otro. Podría parecer una tarea ociosa pero en realidad implica, para ellas, una decisión sumamente importante y acertada. Pretenden conseguir información que les ayude a dar con el paradero de sus desaparecidos de manera directa, sin la intervención de la Fiscalía.
Y es que los casos de desaparición que siguen en este Centro tienen una particularidad contradictoria. En cada uno de los diez casos se tienen fuertes indicios de la participación o la responsabilidad directa de cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, a pesar de que sus creencias, de su espera o de su esperanza, todos han aprendido a desconfiar de las autoridades.
Unos días después de hallar a Hilda tachando y escribiendo números en mil hojas, la tarde del 21 de julio, los integrantes del colectivo ‘Familias Unidos por la Verdad y la Justicia’, integrado por los diez casos de desaparición forzada que acompaña el Centro Paso del Norte —una organizaciones que brinda apoyo jurídico y psicológico a familiares y víctimas de desaparición forzada y tortura en Ciudad Juárez—, se internaron en el Valle de Juárez para ir, poblado por poblado, desde El Porvenir hasta El Sauzal, pegando rostros y pidiendo información.
“Tener un número (telefónico) propio nos da esperanza, porque con el de Fiscalía, si les hablan ellos, no nos van a decir nada”, dijo Patricia García, madre de Jacobo Orozco García, desaparecido a los 22 años.
Los familiares decidieron pegar las pesquisas en esa zona porque tres de los casos que acompaña el Centro de Derechos Humanos son de hombres que desaparecieron en esos poblados. Además, el Valle de Juárez es considerado una posible ‘fosa clandestina’.
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El 28 de julio de 2015, en la Sala 2 de la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez, hubo mujeres —madres sin hijas porque se las arrebataron— que lloraron al escuchar la sentencia emitida por las jueces contra cinco hombres: 697 años de cárcel a cada uno. Algo hubo de justicia, algo de reparo en el terrible daño de perder a un ser querido. Los cinco hombres secuestraron, violaron, prostituyeron, torturaron y asesinaron.
Una de las pruebas para la sentencia fueron los huesos de 11 mujeres encontrados en la sierra al poniente de Ciudad Juárez, en El Valle de Juárez, en la zona conocida con ‘Arroyo El Navajo’. No obstante, los familiares de las víctimas tienen la certeza que hay muchos más cuerpos y no sólo de mujeres. En cada rastreo que se ha hecho en la zona se ha encontrado algo que indica que son más.
Así lo dijo José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo —desaparecida en Ciudad Juárez el 19 de mayo de 2009— una mañana antes de partir al rastreo ciudadano. “Quisiéramos, un día, ir al Arroyo El Navajo y no encontrar restos”.
Estos rastreos son organizados por familiares y la comunidad en general. Van estudiantes, activistas, personas solidarias que quieren encontrar respuestas a las desapariciones. Padres y madres, hijos de personas dolorosamente ausentes. No van a buscar a alguien en particular.
Por ejemplo, Nansy Cisneros viajó desde Los Ángeles para apoyar esas búsquedas. Su hermano, Javier Cisneros, desapareció en Jalisco pero ella dice que cada vez que alguien encuentra (vivo o muerto y cerrando un ciclo) ella se siente tranquila.
A esos rastreos ciudadanos, que deben ser acompañados por al menos dos unidades de la Fiscalía General de Chihuahua, son a los que el gobernador Javier Corral se refiere como ‘búsquedas personales para José Luis Castillo’, el hombre al que le entregaron un hueso de su hija, una tibia de los 206 huesos que tiene el cuerpo humano, para decirle, “señor ya no busque, su hija está muerta: fue feminicidio”.
Así cerraron la carpeta de desaparición de Esmeralda Castillo. Con un hueso del pie hallado, precisamente, en el Arroyo El Navajo.
Pero ¿qué hace un hombre con un hueso del pie de su hija más pequeña?. José Luis no quiso enterrar ese único hueso. Pidió que le explicaran, si la carpeta pasaría a feminicidios, cómo había muerto su hija. Preguntó si una persona sin tibia obligatoriamente está muerta. No le pudieron responder. Exigió que lo dejaran hacer una prueba de ADN fuera del país, y aún no lo dejan.
Lo único seguro era que una vez que la carpeta por desaparición pasara a feminicidios, dejarían de buscar a Esmeralda. Entonces José Luis y su familia decidieron no aceptar ese solo hueso para determinar que su hija estaba muerta.
A pesar de que les dijeron que les convenía, que recibirían ayuda —150 mil pesos en un principio—, que aceptar la muerte, aunque no se supiera cómo, ni por qué, ni quién, les traería recompensas.
Desde la desaparición de su hija, José Luis recorre las calles y se sube a los camiones con una manta rosa que tiene estampado el rostro de Esmeralda; regala paletas con forma de corazón y le dice a cada persona que si un día ven a su hija, por favor, lo llamen. Que no olviden el rostro de Esmeralda. Que no olviden.
José Luis ha recorrido el desierto picándolo con una vara. Va de ciudad en ciudad exigiendo atención de las autoridades. Recientemente brincó las tarimas en la desesperación de ser un fantasma para el gobernador durante los Foros de Pacificación en Juárez, organizados por el próximo Gobierno Federal. En esa ocasión le exigió la firma a Javier Corral en un papel para pactar una reunión, sabiendo que probablemente sería ignorado, otra vez.
A José Luis Castillo lo han llamado a su casa para amenazarlo, para decirle que deje de buscar o que desaparecerán a su otra hija. Cuando pidió una investigación en PGR para rastrear las llamadas, se determinó que se originaron desde las oficinas de Gobierno del Estado de Chihuahua, de acuerdo con José Luis. Eso pasó, cuenta, al inicio de esta administración estatal y no se ha investigado más, asegura.
Lo mismo ocurre con los otros integrantes del colectivo que buscan en las regiones chihuahuenses de Palomas y Casas Grandes a sus familiares desaparecidos; todos preguntan por las calles con la foto de su familiar, si alguien sabe algo: lo que sea.
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El pasado 10 de mayo, los integrantes del colectivo estaban entusiasmados con la idea de que proyectarían las pesquisas de sus familiares en una pantalla gigante en una plaza pública de Ciudad Juárez. Ese fue el regalo del día de las madres por parte del alcalde, Armando Cabada Alvídrez. Pasar por unas horas las pesquisas en una plaza pública que estaba vacía al mediodía. Sólo los familiares soportaron el sol. No todos: una mujer se desmayó.
Una y otra vez, los familiares de las víctimas de desaparición han protestado y exigido fuera de la Fiscalía resultados, sin que alguien salga a atenderlos.
Durante estos actos lloran, ríen, se enojan, se abrazan. Se quedan como ausentes y luego rezan… padre nuestro que estás en el Cielo… tomados de las manos. No pierden de la esperanza de que un día encontrarán a sus seres queridos.
El día que José Luis exigió una reunión a Javier Corral en el foro de la pacificación, él fue el que brincó para acercarse, pero eran decenas de víctimas las que gritaron desde abajo que querían respuestas. Sin embargo, la respuesta del gobernador, en el video que subió al día siguiente, fue sólo para Norma Andrade y para José Luis Castillo.
En Ciudad Juárez hay tres organizaciones civiles que representan y acompañan de manera legal e incluso psicológica a los familiares de víctimas y víctimas de tortura, trata de personas, desaparición, desaparición forzada y feminicidio. Son la Red Mesa de Mujeres de Juárez, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer Asociación Civil (CEDIMAC) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Los tres grupos buscados por separado dijeron que sólo han tenido una reunión con el gobernador del estado y que hace más de un año no los atiende.
Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Ciudad Juárez, opinó al respecto que “cuando el gobernador señala ‘es que las estamos apoyando’, yo creo que lo que nos informa es que no ha logrado entender que históricamente en Ciudad Juárez las víctimas siempre han pedido y exigido una relación dialogante y directa con el gobernador, y ese es su derecho.
Marrufo Nava asegura que descansar la atención en otras instancias e instituciones sin asumir un diálogo directo, ha sido un error por parte del gobernador. A él no le ha quedado claro que esta petición de las víctimas es histórica y desconoce que la relación siempre ha sido así. Eue el hecho de que se haya reunido en una ocasión con alguno de los grupos, no es suficiente.
El Gobierno del Estado de Chihuahua emitió luego un boletín en el que informó que el gobernador Corral tuvo una reunión privada con José Luis Castillo y con Norma Andrade el 22 de agosto para dar seguimiento a sus casos.
Afuera de Fiscalía, Norma Laguna festejó el cumpleaños 28 de su hija Idaly Juache Laguna, desaparecida hace ocho años. Era 30 de julio. Ahí dijo: “quiero alzar la voz y exigir tanto al gobernador Corral como al fiscal Peniche que se vuelvan a reunir con nosotras”.
Era de noche y prendieron velas. Estaban presentes los integrantes de las tres agrupaciones derechohumanistas. Juntos buscaban en medio de una inmensa noche que cubre todo con su abrumadora oscuridad. La lucha de las víctimas por tener una respuesta del gobierno se volvió, repetición tras repetición con el cambio de administraciones, el castigo de Sísifo.
Nueve hombres han sido asesinados y vestidos de mujer en este mes. En el espectáculo casi performativo de montar una escena con un cadáver, ser mujer es el motivo máximo de humillación pública. Así es desaparecer en Ciudad Juárez, frente a la impunidad histórica.
Investigación por una Mejor Ciudad
