diciembre 4, 2024
Gobierno

Inhabilitan por contrataciones ilegales a exfuncionarios de fondo para víctimas

Los funcionarios permitieron la contratación ilegal para la elaboración de exámenes de la vista y compra de lentes a niñas, niños y adolescentes hijos de víctimas de la violencia. Además, los contratos se dieron a proveedores sin experiencia en optometría y a sobreprecio.

Por Abraham Rubio / YoCiudadano

Ciudad Juárez, Chihuahua.— El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por un año a dos servidores públicos por adjudicar ilegalmente tres contratos del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI) en 2018.

A través de un comunicado de prensa, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que los sancionados compraron lentes a sobreprecio y evadieron el proceso de licitación pública. Además, manipularon el proceso de contratación para beneficiar a los proveedores.

La decisión en materia administrativa llegó tras la revisión del ejercicio financiero de 2018 realizado por la ASE, que determinó que se destinó de forma indebida un total de 3 millones 193 mil 479 pesos en tres contratos para la elaboración de exámenes de agudeza visual y compra de lentes.

El ente público solicitante debió de haber realizado una licitación pública por la cantidad de la compra, como marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, sin embargo, fraccionó la operación en tres contratos para poder adjudicarlos de forma directa.

A través de dicho esquema permitió la contratación de tres proveedores: Ricardo Humberto Márquez Jasso, recibió un contrato por 1 millón 073 mil pesos; Grupo Ruland, S.A. de C.V., un contrato por 1 millón 057 mil 919 pesos; y Bari Negocios, S. de R.L. de C.V., un contrato por 1 millón 062 mil 560 pesos.

El Comité Calificador de Propuestas del FANVI permitió la contratación de dichos proveedores a pesar de que no tienen en su giro la especialización en optometría. Además, la ASE detectó un sobreprecio en el costo de los anteojos, cuyo costo por unidad asciende a 6 mil pesos.

La Auditoría detectó dichas irregularidades e interpuso las denuncias correspondientes ante el TEJA y la Fiscalía Anticorrupción.

A más de cinco años, el TEJA dictó responsabilidad ante Huber Eduardo Corral Pérez, jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), y Bonifacio Rubio Porras, asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes y Fideicomisos de la FGE, quienes formaban parte del Comité Calificador de Propuestas del FANVI.

La Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, determinó una sanción de un año para ambos servidos públicos, que a los inculpados desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas durante dicho periodo.

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