CongelanBursatilizacin Juez niega amparo contra bursatilización

Juez niega amparo contra bursatilización

El Juez Primero de Distrito decidió negar la suspensión definitiva al decreto del Gobierno del Estado que permite la utilización de recursos futuros

El Juez Primero de Distrito, Juan Antonio Trejo Espinoza, decidió negar la suspensión definitiva al amparo promovido por el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico en contra de la bursatilización de fondos carreteros aprobado por el Congreso del Estado de Chihuahua el pasado 6 de julio. Con esta decisión, el Gobierno del Estado tiene las facultades para seguir con el proceso de bursatilización o monetización de los recursos presentes y futuros correspondientes a la empresa de participación estatal mayoritaria Fibra Estatal de Chihuahua, hasta por 6 mil millones de pesos. El Juez Trejo Espinoza negó la suspensión definitiva del decreto, luego de conceder la suspensión provisional el pasado 1 de agosto, debido a que no se demostró el “interés legítimo” del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, ya que éste no tiene domicilio en Chihuahua. Asimismo se consideró que la negativa a la monetización de los remanentes carreteros podría afectar a los empleados del Gobierno estatal, debido a que se prevé utilizar parte de los recursos en el pago de la nómina. El Despacho de Investigación y Litigio Estratégico es el “brazo jurídico” de la asociación Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad, dedicada a la “consolidación del Estado de Derecho en México a través de una agenda dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistemáticas que prevalecen en los sistemas publico y privado”. El recurso de amparo interpuesto por la asociación civil se sustentó en el artículo 117 de la Constitución, que prohíbe la contratación de deuda en un periodo de 3 meses antes de la conclusión del periodo de gobierno. No obstante la mayoría de los legisladores del Congreso del Estado, y el gobernador César Duarte, han asegurado que no se trata de la contratación de deuda, a pesar de que se contempla la utilización de recursos futuros que podrían ser empleados por la próxima administración estatal.

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