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Comunidad Rarámuri, entre el rezago social y la indiferencia gubernamental

De acuerdo con sus integrantes, la población rarámuri se desarrolla en medio de la discriminación, la violencia y la pobreza

Tomó 84 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Estado reconociera que México es una sociedad pluricultural y, al fin, reconocer los derechos de los pueblos indígenas en 2001, de la mano con la obligación de los tres niveles de gobierno de instituir políticas públicas para garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades.

En lugar de registrar avances en el desarrollo social de los pueblos originarios de México, parece existir un retroceso. Desde violencia ejercida por la población mestiza con actos de discriminación, el despojo de sus tierras para ser comercializadas por empresarios y el mismo gobierno, hasta el aumento en la pobreza de sus comunidades.

El informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016, reportó que la pobreza entre la población indígena aumentó de 46.2 por ciento (en 2014) a 73.2 por ciento (en 2016), además, la mitad de las personas indígenas nunca ha cotizado en su seguridad social, por lo que nunca podrán acceder a una pensión o jubilación con lo que dependerán únicamente de programas sociales, refiere el informe llevado a cabo por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La necesidad los obliga emigrar al mundo mestizo

De acuerdo con la doctora María Escalona, en su artículo Mujeres Indígenas, Gobierno y Comunidad: el caso de las mujeres tarahumaras en Ciudad Juárez, la marginación, la pobreza y la desigualdad son los factores por los que las personas indígenas buscan emigrar de sus lugares de origen a zonas urbanas.

La comunidad tarahumara en Ciudad Juárez llegó a esta urbe en la década de los 90. Rosalinda Guadalajara, gobernadora de la comunidad rarámuri, recuerda que emigró del municipio de Carichí hasta aquí, en donde se conformó una comunidad con integrantes de los municipios de Guachochi, Bocoyna, entre otros.

En tono divertido, menciona que al principio nadie se entendía bien, pues existen variaciones en su idioma de acuerdo con su lugar de origen, y, al día de hoy, prevalece la lengua que se habla en Carichí.

Rosalinda Guadalajara fue elegida gobernadora de su comunidad después de que, desde pequeña, cuando aprendió el español, ayudaba a los demás como traductora en una sociedad de mestizos.

Actualmente, la gobernadora está preparando a dos traductores más para que ayuden al resto de los rarámuris a conocer sus derechos, en caso de ser detenidos por la policía.

A pesar de que se le dificultó aprender el español en su adolescencia, ahora Rosalinda va por un objetivo más ambicioso: aprender inglés. “Ahorita estoy igual con el inglés, así como con el español (...) lo voy a poder manejar también”, asegura.

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Comunidad Tarahumara en Ciudad Juárez, en busca de su supervivencia

Emigran a causa de la pobreza y la marginación. Al llegar a la ciudad, se encuentran con una situación similar y la indiferencia de los gobiernos estatal y municipal ante sus necesidades básicas.

86 familias componen la comunidad tarahumara en la ciudad, pero sólo hay 56 casas por lo que tienen que vivir, en algunos casos, hasta tres familias en un sólo hogar.

Según comenta Rosalinda, el hacinamiento en el que viven los rarámuris provoca conflictos dentro de la comunidad tales como violencia intrafamiliar.

Paradójicamente, el Municipio de Juárez invertirá el 70 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en la construcción de cuartos de cuatro por cuatro metros, precisamente para evitar el hacinamiento y los conflictos que esto pudiera traer en el núcleo familiar.

Además, el FISM está orientado a 102 colonias dentro de la Zona de Atención Prioritaria entre las que se encuentra la Colonia Tarahumara, sin embargo, los miembros de la comunidad están imposibilitados para recibir parte de este apoyo porque sus asentamientos no se encuentran regulados.

De acuerdo con la directora de Desarrollo Social, María Antonieta Pérez Reyes, se construirán alrededor de 2 mil 300 cuartos con los recursos del FISM, no obstante, al tratarse de recursos federales los lineamientos para asignar a los beneficiarios de dichos cuartos están “muy acotados” puesto que el interesado debe contar con un título de propiedad o una carta de posesión.

Lorena Loya, integrante de la comunidad indígena, asegura que los rarámuri no tienen títulos de propiedad, por lo que los terrenos en donde residen están en calidad de comodato a través del Municipio de Juárez, durante un periodo de 100 años a partir de 2002.

Dos años la comunidad rarámuri ha solicitado el apoyo del Municipio para la construcción de viviendas. Dos años han sido rechazados, a pesar de que su colonia se encuentra en la Zona de Atención Prioritaria, hacia la cual van dirigidos los recursos del FISM.

El encargado del fondo es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), que mediante el Programa de Obra Participativa recibe, evalúa y autoriza las obras que cubrirán los recursos federales.

En 2016, en lugar de atender las necesidades primarias de la comunidad tarahumara, como lo son el techado de la bodega de víveres, la construcción de cuartos y pavimentación (jerarquizados por ellos mismos), el COPLADEM resolvió aprobar la remodelación de la Telesecundaria Federalizada Tarahumara, que, según Lorena Loya, ya se ha ampliado mucho sin que nadie de su comunidad lo haya solicitado.

Incluso, los mismos directivos de la telesecundaria desconocen el por qué se aprobó una remodelación a la escuela, sin que nadie lo haya solicitado.

Como gobernadora, Rosalinda ha optado por cambiar de estrategia para enfrentar el hacinamiento. Ahora la comunidad está organizando un proyecto para construir sus viviendas con barro, pero se espera que, con esta parte realizada por los miembros de la comunidad, el gobierno los apoye con el techado y el piso; “uno busca nuevas metas de cómo lograrlo (...) ahora sí podemos nosotros decirles que ya la comunidad puso una parte”.

Hasta el momento de la entrevista, la directora de Desarrollo Social desconocía por completo las peticiones que en años anteriores había realizado la comunidad, así como los proyectos que fueron aprobados con los recursos del FISM en 2016, a pesar de que Lorena Loya labora actualmente en la Dirección de Desarrollo Social.

Es necesario aclarar que María Antonieta Pérez Reyes entró en funciones como directora de la dependencia en la actual administración de Armando Cabada, desde octubre de 2016.

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Drogas, alcoholismo y violencia: retos de la comunidad indígena 

Las mujeres indígenas viven una ‘triple discriminación’: por clase, por raza y por sexo, que tienen que ver con el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo respectivamente como sistemas de dominación, cita María Escalona en Mujeres Indígenas, Gobierno y Comunidad: el caso de las mujeres tarahumaras en Ciudad Juárez, por lo que suelen ocupar el último peldaño de la “jerarquía social”.

En el caso de la comunidad rarámuri en Ciudad Juárez, es la mujer a quien se le ha delegado la responsabilidad de organizarse y gobernar, sin embargo, no son ajenos a los tres tipos de discriminación citados.

La violencia dentro de la comunidad, a pesar de que se ha logrado disminuir a través de la labor de la asociación civil ‘Voces Indígenas’, la cual imparte talleres, prevalece, por lo que Rosalinda optó por participar en la elaboración del protocolo de atención a las mujeres que sufren violencia dirigido a la Policía Municipal para que se incluyera a todas las mujeres de la comunidad.

De acuerdo con la dirigente rarámuri, uno de los problemas más sentidos en la comunidad es la drogadicción y el temor a que los menores de edad caigan en ellas.

Hasta el momento, Rosalinda ha detectado que once miembros de su comunidad tienen problemas con la drogadicción y el alcoholismo, todos del género masculino. 

 La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI) también ha omitido las necesidades de la comunidad rarámuri en Juárez, pues se le ha solicitado apoyo para combatir estas adicciones sin que hayan recibido una respuesta favorable.

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