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ReportajeRarmuri4 Despojo de vivienda e inacceso a la justicia: las denuncias de mujeres rarámuris ante diputados

Despojo de vivienda e inacceso a la justicia: las denuncias de mujeres rarámuris ante diputados

Por lo menos dos familias rarámuris de los asentamientos indígenas en la ciudad de Chihuahua fueron desalojadas de sus hogares por no poder pagar una renta mensual, que es cobrada por una organización llamada Asentamientos Tarahumaras.

Chihuahua, Chihuahua.— Las personas que viven en los asentamientos indígenas “Carlos Díaz Infante” y “Carlos Arroyo”, de la ciudad de Chihuahua, tienen que pagar una renta mensual a la organización Asentamientos Tarahumaras, ya que, de no hacerlo, son víctimas de desalojo.

El 06 de febrero de 2018, mujeres representantes de los asentamientos rarámuris denunciaron, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua, que la organización Asentamientos Tarahumaras condiciona la estadía en dichos asentamientos a un pago de renta mensual.

De acuerdo con las representantes rarámuris, la decisión de cobrar renta se hizo de manera unilateral y agregaron que dichas operaciones no están sustentadas en ningún documento legal.

En una carta redactada por representantes de los asentamientos, entregada a los diputados que integran la Junta de Coordinación Política, se describen dos casos de despojo de vivienda por no poder pagar la renta mensual.

El primer caso es de una mujer de nombre Catalina y sus dos hijos, a quienes desalojaron de su vivienda dejándolos en un terreno.

El otro caso es de una mujer llamada Marcela quien no logró pagar la renta, pues perdió su trabajo debido a que se encontraba cuidando a su hijo hospitalizado. De acuerdo con la carta, los muebles de Marcela fueron sacados de la vivienda, dejándolos en un terreno abandonado.

El acceso al sistema de justicia también es otro problema que expusieron ante los diputados de la Junta de Coordinación Política.

De acuerdo con la carta, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no cuenta con traductores para las personas indígenas, a pesar de ello, la Fiscalía no acepta denuncias sin traductor, por lo que los indígenas no pueden acceder al sistema de justicia.

Debido a los problemas anteriores, las representantes de los asentamientos indígenas solicitaron una mesa de diálogo con los diputados con el propósito de tratar los problemas a detalle y esclarecer aquellos hechos que pudieran constituir un delito.

Dicha mesa se dio el pasado 06 de febrero, cuando los diputados de la Junta de Coordinación Política entre platillos de comida y meseros que servían y retiraban platos, atendieron a las mujeres rarámuris.

De acuerdo con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), en los asentamientos indígenas “Carlos Díaz Infante” y “Carlos Arroyo” viven 105 familias, a quienes la organización Asentamientos Tarahumaras cobra una renta de 100 pesos mensuales.

El papel de la COEPI fue el de canalizar a dos familias afectadas a Defensoría Jurídica, puesto que, al tratarse de un asunto de materia civil, la comisión no tiene las facultades de acompañamiento legal.

La Comisión informó, además, que se apoyó a estas familias con la vinculación y la traducción de expedientes.

Por su parte, la titular de la COEPI, María Teresa Guerrero Olivares, calificó como “lamentable” el comportamiento de los diputados “frente a un conflicto relacionado con temas tan delicados”.


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