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Síndico propone sanciones económicas a funcionarios que se nieguen a entregar información

La propuesta de Yáñez Limas contempla sanciones económicas del 25 y el 50 por ciento del sueldo mensual de los funcionarios, en caso de que se nieguen a entrar la información que se les solicite

Ayer, el Síndico Municipal, Aarón Yáñez Limas, anunció que propuso ante el Congreso del Estado que, en las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción, se contemplen sanciones económicas a los servidores públicos que omitan entregar la información se les solicite.

La propuesta presentada por el Síndico el pasado 26 de octubre, contempla sanciones de 25 por ciento del sueldo correspondiente a 30 días, y del 50 por ciento en caso de reincidencia.

Yáñez Limas resaltó que el único municipio que votó en contra de la Reforma fue Juárez, en tanto que anunció que esta propuesta es “la primera de varias” en caso de que “sigan habiendo ataques“ en contra de la Sindicatura de parte de la administración municipal presidida por Armando Cabada Alvídrez.

“Hoy hago saber a los juarenses que propusimos ante el Congreso que en las leyes secundarias que se habrán de publicar hasta el 30 de enero del año que entra (...), que al servidor público que omita injustificadamente la entrega de la información se le impondrá multa hasta del 25% de sus percepciones correspondientes a 30 días, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia”, informó el Síndico en conferencia de prensa.

El titular de la Sindicatura agregó que “en los casos no previstos con respecto al Sindico, le serán aplicables en lo conducente las disposiciones relativas a los regidores”.

Yáñez Limas comentó que la dependencia que ha sido más renuente a entrar la información que le es solicitada es la Dirección de Obras Públicas, en donde se ha omitido la respuesta a más de 340 solicitados formales.

De acuerdo con el Síndico, la Dirección de Obras Públicas se ha negado a entrar información relativa a los lugares en los que se realizan las obras de bacheo y recarpeteo. Asimismo, comentó que se han registrado varios señalamientos de “negligencia y corrupción” en torno a la construcción de ‘cuartos independientes’.

Yáñez dijo, además que las postura institucionales de la Sindicatura han sido “severamente dañadas” por la administración municipal, y que, si el Congreso así lo decide, la propuesta presentada podría entrar en vigor de manera inmediata sin tener que esperar al 30 de enero.

La propuesta de Yáñez Limas surge en respuesta a la controversia constitucional interpuesta por la Secretaría del Ayuntamiento en contra de la reforma que da pie al Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente en lo relativo a la designación de la Sindicatura como ente fiscalizador.

La administración de Armando Cabada argumenta que la Sindicatura no debe desempeñar este papel, toda vez que su titular es una figura de elección popular que representa a un facción política, y a la que, por su naturaleza, no se le puede exigir preparación académica en este rubro.

El presidente Armando Cabada anunció la semana pasada que la controversia fue admitida para su revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


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